El Partido Ágora (ÁGORA) ha solicitado al Ayuntamiento de Málaga que los técnicos del consistorio contacten con las trabajadoras sexuales para recoger sus peticiones y reconocer sus derechos. “Si Málaga es la primera en el peligro de la libertad, que lo demuestre y que defienda la libertad de las trabajadoras sexuales, que muchas lo hacen porque quieren. En cuanto vean un solo caso de explotación, que llamen inmediatamente a la policía y todo el peso de la ley caiga contra esos energúmenos que obligan a las mujeres”, explica David Ingelmo, presidente del partido.

El pasado miércoles, 3 de agosto, varias trabajadoras sexuales se manifestaron en la calle Larios contra la Ley de Abolición. Según varios estudios científicos, un 10% de las trabajadoras sexuales son forzadas a ello, mientras que el 90% lo ejercen libremente en España. “La Ley de Abolición que ha presentado el PSOE y ha apoyado el PP, no es abolicionista sino carcelera. Quiere tratar a todos como delincuentes, ya sean clientes o simplemente administradores de un foro de contenido sexual, y eso afecta a la libertad de expresión”, afirma Ingelmo.

La formación ha enviado esta propuesta a la Junta Municipal de Distrito de Cruz de Humilladero, ya que varios de los locales de alterne se encuentran allí. Muchas de las trabajadoras sexuales llaman a estos locales para conseguir una habitación y poder dormir o, si quieren, vivir allí. “Todas ejercen libremente, tienen móviles, libertad de horarios, pueden tomarse vacaciones cuando quieran, no hay nadie que les obligue”, asegura Ingelmo.

Asimismo, Ágora ha demando al ayuntamiento a que realicen inspecciones de los locales de alterne y pisos donde se ejerzan actividades sexuales con contraprestación económica en el ámbito territorial del distrito, y se entreviste a propietarios, encargados y trabajadoras sexuales, con el fin de verificar si existe o no trata de seres humanos con fines de explotación sexual y se denuncie a la policía cualquier caso de explotación sexual forzada. También piden que en las entrevistas con las trabajadoras sexuales se recojan todas sus peticiones, sugerencias y propuestas para que puedan transformarse en políticas públicas que protejan sus derechos y se cree un informe sobre sus conclusiones, a fin de poder modificar, eliminar o endurecer el conocido como proyecto de Ley de Abolición de la Prostitución.