El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, anunció ayer en Málaga «un otoño de movilizaciones generales en el país» si la CEOE «no facilita mantener el poder adquisitivo» y advirtió de que, si la patronal no vuelve a la mesa de concertación, «el conflicto está servido».

Álvarez explicó, en rueda de prensa, que los beneficios de las empresas están siendo «altísimos» y denunció que, «si no se reparten con los trabajadores, no irán al bien común del país sino al bolsillo de unos pocos que no necesitan más dinero». Por ello, «más allá de la cuantía inicial en los convenios colectivos, debe haber una cláusula de revisión» salarial, según el dirigente sindical, que auguró «grandes movilizaciones por los salarios como en Europa, en Gran Bretaña, Francia o los Países Bajos».

Ante la situación de «inflación insoportable y pérdida de poder adquisitivo», el Gobierno también debe «en septiembre dejar listo el aumento de salarios de los empleados públicos que quedó colgado en julio», ya que «también habrá movilizaciones si no hay una respuesta positiva».

Sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), resaltó que «hay que actualizarlo, no con las previsiones que tenían sino con las nuevas realidades» porque los 1.049 euros previstos «es evidente que se quedan cortos», al responder a «una previsión que se hizo hace más de tres años».

Según Álvarez, con una inflación superior al diez por ciento actualmente «no se puede decir que se piensa en los más débiles y en que nadie se quede atrás y aplicar una subida del SMI que sea la mitad del coste de la vida», por lo que reclamó que el salario alcance los 1.100 euros mensuales.

«Si la CEOE se sienta a negociar y permite que los convenios se firmen manteniendo el poder adquisitivo, con cláusulas que permitan revertir a los salarios el aumento de los precios, no habrá conflictividad, y tampoco si el Gobierno tiene sensibilidad con los empleados públicos y el SMI tiene una subida en consonancia con el momento que vivimos», afirmó.

Por otra parte, respecto a la subida del euríbor -índice de referencia para las hipotecas-, el dirigente sindical lamentó que «afectará de manera dramática a muchas familias con hipotecas», y pidió «ir pensando en alguna línea de crédito para ayudar a las personas con dificultades para hacer frente a su hipoteca».

Anunció que en las próximas reuniones con el Gobierno planteará «algún tipo de compromiso» para dar «soporte a las familias que no pueden hacer frente a sus hipotecas», de forma que «se solventarán dos problemas, el de las familias y el de la banca».

Ahorro energético

En cuanto al decreto de ahorro energético, opinó que «sería bueno que España recobre niveles de consenso» respecto a «políticas que nadie quiere poner en marcha», pero que son «necesarias» en la actual crisis por la guerra y la salida de la pandemia. Para Álvarez, el paquete de medidas «es discutible, como cualquier otro, pero está dentro de las líneas del resto de países de la UE, y es una manera menos costosa para los ciudadanos que otras medidas que habría que poner en marcha, como un recorte directo a la producción del país».