El director general de Movilidad y Transportes de la Junta de Andalucía, Felipe Arias, encargado de una de las áreas que gestiona la Consejería de Fomento, se ha reunido esta mañana con las asociaciones del taxi de Andalucía para volver a negociar sobre el nuevo decreto que regulará en la comunidad la circulación de los VTC y que está causando tanta polémica en la opinión pública. 

Fuentes de la administración regional han asegurado que «el diálogo sigue abierto» con los taxistas, para la elaboración de una regulación que debería entrar en vigor el próximo 1 de octubre. 

Por su parte, las asociaciones del taxi de Málaga como AUMAT desconfían de la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la consejería: «No nos han dado respuesta a nada y parece ser que va a ir por ahí», alerta su presidente, Miguel Ángel Martín

Martín critica que la Junta de Andalucía «de cara a la opinión pública se están reuniendo con nosotros pero no nos están dando soluciones». Asimismo, sus compañeros y él opinan que «van a pasarle el rodillo al sector del taxi andaluz como han hecho en Madrid». 

Plazo de la nueva regulación

La urgencia de la Junta de Andalucía por tratar este asunto poco menos de una quincena antes de que deba promulgarse la nueva regulación se debe a que la competencia del gobierno central sobre este tema, de momento, ha concluido.

El conocido como «Decreto Ábalos» que se publicó de urgencia en septiembre de 2018 por la pugna entre taxistas y las plataformas de contratación de vehículos con conductor (como Uber, Cabify y Bolt) tiene un plazo de vigencia que concluye este mes.

A pesar de las peticiones que este verano han hecho algunas comunidades autónomas y las plataformas de VTC a la administración para que extienda su duración, la respuesta del Ministerio de Transportes ha sido un rotundo «no» a la prórroga. 

Nuevo aliado del taxi

Las asociaciones andaluzas AUMAT, Élite Taxi, FAAT, UATA y Solidaridad del Taxi mantuvieron una reunión ayer con el presidente de la Federación de Municipios y Provincias, Fernando Rodríguez, quien ha criticado que, a pesar de las competencias que tendrán en la aplicación de la nueva regulación los ayuntamientos de las ciudades, la Federación que las agrupa «no haya conocido aún su borrador». 

La FAMP lamentó en un comunicado que la Junta se haya decantado por la que llaman «regulación sin consenso» y que no los hayan convocado para elaborar el texto. Además, se unió a la crítica de los taxistas de que se está elaborando «deprisa y corriendo».