Las empresas en situación de insolvencia crecen un 90% respecto a 2021

Ignacio Castillo Castrillón, letrado de origen gaditano pero afincado en Valencia, suma una larga trayectoria jurídica en causas de toda índole, entre las que se incluyen casos controvertidos como Terra Mítica, Emarsa o la Operación Tándem. 

Tras licenciarse en 1998 en la Universitat de Valencia (UV) e iniciar la oposición de acceso a la carrera judicial —aprobando con nota el primer examen en 2001—, decide dedicar por completo su carrera al ejercicio de la abogacía, especializándose en Derecho Penal.

En esa década se establece por cuenta propia y presta sus servicios en diversos despachos de València, antes de desplazarse a Madrid en el año 2009 como gestor del despacho Consulting XXI, en el que adquiere notable notoriedad en procedimientos de casos mediáticos como Viajes Marsans o Air Comet, sumando una amplia experiencia y especialización en Derecho Procesal y Concursal.

En 2011 regresa a València, donde funda Castillo Castrillón Abogados, colocando a la firma como una de las más destacadas de la Comunitat Valenciana en lo que a abogados penalistas se refiere.

En los últimos años ha ido incorporando a su despacho especialistas en otras áreas del Derecho hasta ser reconocido en 2020 como el Despacho con Mayor Progresión de la Comunitat Valenciana por los Premios Comunitat Valenciana.

Siempre con la filosofía de acercar el mundo del  derecho al ciudadano nos cuenta cómo se está viviendo este momento de crisis en la sociedad española —en general— y en la andaluza —en particular—, donde van a cumplir ya un año con la sede que se encuentra ubicada en la plaza del Obispo, 3, de Málaga.

¿Cómo está afectando este momento coyuntural tanto a las empresas como a las personas particulares?

Según datos del Registro Mercantil Central las insolvencias empresariales en España han crecido más de un 90 % respecto al mes de septiembre del año anterior. Este hecho responde a dos grandes motivos: el deterioro macroeconómico que estamos sufriendo y el final de la moratoria concursal.

El aumento de la inflación y los altos precios de la energía provocados por la guerra de Ucrania están provocando que muchas empresas no puedan continuar en el mercado y se vean obligadas a declararse en Concurso de Acreedores al no poder acceder a financiación bancaria y verse abocadas a una situación de insolvencia.

¿Y respecto a particulares y autónomos?

Como estamos comentando, esto es una reacción en cadena que impacta directamente en las familias. La pérdida de poder adquisitivo en las familias ha provocado que aumenten de forma exponencial los concursos de personas físicas sin actividad comercial.

Es decir, los particulares y las familias, pues al producirse un sobreendeudamiento  no pueden hacer frente a sus compromisos financieros como pagar la hipoteca o hacer frente a los préstamos adquiridos y, al igual que una empresa, verse envueltos en una situación de insolvencia.

En estos casos aconsejamos acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad.

¿En qué consiste la Ley de Segunda Oportunidad?

En rasgos generales, la Ley de Segunda Oportunidad es una ley que determina una manera para que aquellas personas puedan negociar o reestructurar sus deudas hasta un límite de cinco millones de euros con el fin de poder pagarlas más fácil y no poner en riesgo su patrimonio presente y futuro.

Aunque la ley no va enfocada a suprimir toda la deuda, en muchos casos sí conseguimos exonerar toda la deuda.

El pasado 6 de septiembre de 2022 se publicó en el BOE la Ley 16/22 que reformaba el texto refundido de Ley Concursal. ¿Cuáles son las principales novedades?

Sobre todo, la reforma busca mejorar las principales limitaciones que presentaba el sistema de insolvencia español, tales como la duración excesiva de los concursos, los precarios instrumentos preconcursales, y todo ello con el fin de acabar con el fracaso de los concursos  y  evitar que la mayoría finalicen de forma inexorable en liquidación .

Las modificaciones más importantes que introduce serían:

• La eliminación de los planes de liquidación de la forma que los conocemos actualmente.
• Eliminación de la propuesta anticipada, la junta de acreedores y la tramitación escrita.
• Los créditos contra la masa y la insuficiencia de masa se regulan de forma diferente.
• Se modifica el estatuto de la Administración Concursal para poder acotar la duración de los concursos.
• Se simplifican los trámites en el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) que en la actualidad pasa a ser un derecho y su denominación es (EPI)para que no sea siempre necesaria la liquidación previa de los bienes del deudor para la exoneración de las deudas.
• También se establece un tope en la exoneración de los créditos públicos: 10.000 euros para la Seguridad Social y otros 10.000 euros para Hacienda.
• Las entidades de información crediticia tendrán la obligación de comunicar a los registros de morosos la actualización de la información de las personas exoneradas para que puedan acceder de nuevo a una financiación si así lo desean.

En definitiva, nos enfrentamos a un sistema de exoneración de deudas más flexible y más ágil que nos permite la exoneración manteniendo la vivienda habitual del deudor y garantizando un proceso de trámites simplificado.

¿Cuál es la duración de los concursos con la nueva ley?

Tenemos que distinguir entre los dos procedimientos. Respecto a la Ley de Segunda Oportunidad, que englobaría a particulares y autónomos, la no obligatoriedad del acuerdo extrajudicial de pagos supone una sustancial mejora en los plazos para conseguir el perdón de las deudas.

Además, los juzgados de lo Mercantil, que están más especializados y menos saturados, serán los únicos competentes para resolver estas actuaciones judiciales.

Según datos de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, los procedimientos de Ley de Segunda Oportunidad se cierran con una media de 20 meses. Con la nueva ley se espera que no se supere el año.

Con respecto al Concurso de Acreedores es importante decir que el concurso, tal y como se conoce en España, no va orientado para ayudar a la conservación de la actividad empresarial, que sería el principal objetivo en una época como la actual de incertidumbre económica.

La mayoría de los concursos acaban en liquidación y no en convenio para poder reestructurar las empresas y con una duración media de cinco años.

Con la nueva ley se busca la continuidad las empresas a través de la reestructuración de las mismas  y, en el caso de que no sea viable, liquidar sus bienes de forma ordenada a través del concurso de acreedores cuyos plazos se han reducido considerablemente con la nueva ley.

Pero el tiempo en estos procedimientos no es lo más importante, sino conseguir los objetivos previstos.

Desde vuestra experiencia, ¿qué es lo que recomendáis?

Desde Castillo Castrillón Abogados siempre recomendamos adelantarnos. Cuando tanto una empresa como un particular vea que pueda estar acercándose a una situación de insolvencia inminente, lo mejor es asesorarse con profesionales entendidos en la materia para evitar tanto la responsabilidad del administrador en el caso de las empresas como la protección patrimonial tanto en empresarios como en particulares.

Es una situación traumática, pero gracias a los mecanismos que nos permite la ley —Concurso de Acreedores y Ley de Segunda Oportunidad—, estamos ayudando a muchos empresarios y familias a poder salir adelante y que tengan una segunda oportunidad para poder rehacer sus vidas.