El Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga ha abierto el plazo para que las empresas de patinetes y bicicletas de pedaleo asistido puedan seguir operando en la ciudad, debido a que los permisos actuales expiran el próximo 31 de diciembre y la nueva concesión demanial para gestionar el servicio aún sigue en tramitación.

Movilidad ha decidido establecer "de forma especial y transitoria" este proceso de autorización a empresas explotadoras de vehículos de micromovilidad "hasta tanto se produzca la concesión demanial actualmente en tramitación", tal y como se recoge en el aviso del Consistorio.

El plazo para solicitar estos permisos ha empezado hoy y se extenderá hasta el 11 de diciembre.

Eso sí, el área que dirige el concejal José del Río establece un tope máximo de vehículos autorizados, en total, 1.350 vehículos de movilidad personal, a los que se podrán sumar 350 bicicletas de pedaleo asistido EPAC.

"Las empresas en su solicitud de autorización podrán optar por ambos tipos de vehículos favorecedores de la micromovilidad en la ciudad de Málaga o bien ofrecer solo uno de ellos", se detalla . Tanto el número como el tipo de vehículos autorizados a cada empresa será equitativo para todas las solicitantes que cumplan con los requisitos.

Requisitos

Entre las condiciones que se deberán reunir para optar a la autorización se incluye disponer de un local en el municipio de Málaga, contar con un contrato de seguro en vigor, tanto de responsabilidad civil (por un importe mínimo de indemnización de 1.500.000 euros) como de accidentes (por un importe mínimo de 30.000 euros), así como un sistema que permita el acceso en tiempo real a los datos GPS de geolocalización de sus vehículos, al que tendrá acceso el Ayuntamiento de Málaga.

El área de Movilidad sigue avanzando en la tramitación de la concesión demanial que regulará el servicio de patinetes y bicicletas en la ciudad de Málaga, un sistema mediante el que una sola empresa concesionaria se encargará de gestionar el servicio.

La CNMC ya alertó de que este modelo podía suponer un límite al "acceso a la actividad económica" y la asociación Smartmobility, de empresas de patinetes y bicicletas de alquiler, también se han mostrado en contra.