Un desfase temporal entre la dotación económica estatal y la fecha de contratación de la Junta de Andalucía provocará que uno de los cuatro equipos de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Málaga desaparezca durante el primer trimestre del próximo año, según han informado a este diario fuentes internas del organismo y ha reconocido la propia Junta de Andalucía. Se trata del equipo técnico forense formado por una psicóloga y una trabajadora social especializadas en casos civiles (divorcios, custodias, etc.) y cuyos fondos viene aportando en los últimos cuatro años el Gobierno central. Pese a que ambas administraciones acordaron en julio impulsar la prórroga del sistema de financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (PEVG) y la dotación económica para mantener este equipo está aprobada, las fuentes aseguran que el Gobierno haría efectiva esa cantidad el 1 de marzo de 2023, por lo que las contrataciones se demorarían al menos hasta el mes abril.

25% del trabajo

«La provincia de Málaga no puede perder ni un solo día el 25% de su capacidad de lucha contra la lacra de la violencia machista, como tampoco puede perder a un personal ya formado y con amplia experiencia y eficiencia demostrada», han explicado a La Opinión desde el entorno laboral del instituto antes de añadir que no entienden cómo la Junta de Andalucía no ha adelantado ya con sus propios recursos una partida presupuestaria que ya tiene garantizada y así evitar un paréntesis temporal que supondrá una carga de trabajo adicional para los tres equipos que el IMLCF cuanta de manera fija.

Por su parte, fuentes de la Consejería Justicia, Administración Local y Función Pública han justificado esta disfunción en los retrasos que se produjeron hasta la firma de la prórroga entre las dos administraciones, aunque han recalcado que «se están estudiando fórmulas» para que ese paréntesis no se produzca y el equipo de UVIVG Civil no sea cesado. En esta línea se ha manifestado Inmaculada Molina, del Sector de Administración de Justicia de CCOO-Andalucía, quien asegura que la Administración andaluza «tiene la obligación moral de buscar los recursos donde haga falta» para que el trabajo de este equipo «no cese ni un solo día» y que no perjudique a las víctimas, tanto adultos como menores.