Claustro de la UMA

El rector advierte de la "adversa" situación económica de las universidades

La vicerrectora de Smart-Campus informa en el claustro de la bajada de casi 72.000 euros en la factura de octubre y noviembre gracias al plan de medidas urgentes para el ahorro energético

El defensor del universitario, Manuel Montalbán, expone su informe anual en el Claustro de diciembre de 2022 de la Universidad de Málaga.

El defensor del universitario, Manuel Montalbán, expone su informe anual en el Claustro de diciembre de 2022 de la Universidad de Málaga. / La Opinión

La Opinión

El Claustro de la Universidad de Málaga, máximo órgano de gobierno de la institución, se reunió el lunes en la recién estrenada Facultad de Psicología y Logopedia para abordar un orden del día que incluyó, entre otras cuestiones, varios informes -defensor universitario, comité de garantía del código ético y plan estratégico institucional-, así como datos relativos al plan de ahorro y eficiencia energética.

La sesión estuvo presidida por el vicerrector de Estudios de la UMA, Ernesto Pimentel, dado que José Ángel Narváez no pudo acudir. Por tanto, Pimentel leyó el informe del rector, centrado entre otros aspectos, en cuestiones de normativa nacional y autonómica, financiación y actuaciones de política universitaria. 

La situación económica sobrevoló muchas intervenciones, incluida la del informe introductorio. A la incertidumbre generada por la financiación y el incremento de los costes de recursos de primera necesidad -como la electricidad- el rector destaca, «por estar muy relacionado con la situación económica en la que se encuentra la Universidad de Málaga, la decidida apuesta durante estos últimos siete años por la inversión en el capital humano, en su estabilización y en su promoción profesional, y por la construcción de nuevos edificios universitarios, como corresponde a una institución joven, en crecimiento, que quiere dar respuesta a los desafíos y a los retos del entorno socioeconómico en el que se encuentra, y que deben ser factores que tiene que contemplar cualquier plan de financiación serio y riguroso de las universidades».

En este sentido, Narváez recuerda en su informe que desde 2016 hasta 2022 se han convocado un total de 1.372 plazas de profesorado universitario, destinadas a la estabilización en el empleo. 

En cuanto al Personal de Administración y Servicios (PAS), el número de empleados públicos ha evolucionado desde los 1.264 efectivos a 31 de diciembre de 2016 hasta los 1.449 en la actualidad, un aumento superior al 14 por ciento. 

También destaca el informe la importante inyección económica recibida en materia de investigación, con 5,8 millones de euros aportados en ayudas ‘Margarita Salas’ y ‘María Zambrano’ para 68 plazas; 6,4 millones de euros de financiación para proyectos de investigación de la convocatoria 2021 del Plan Nacional -casi 800.000 euros más que en la edición anterior-; 6 contratos para la incorporación de jóvenes investigadores como Personal Técnico de Apoyo; 4,5 millones de euros del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 para el impulso de proyectos orientados a la transición ecológica y digital; 8 nuevos contratos del programa ‘Juan de la Cierva’; 3,5 millones del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020); y ayudas del Programa de Fortalecimiento de los Institutos Universitarios.

Previsible déficit

«Es fundamental garantizar la suficiencia financiera, para que las universidades podamos asegurar los servicios esenciales de la docencia y la investigación, pero es necesario también incrementar la competitividad de las universidades y dar certidumbre a la viabilidad de las universidades andaluzas, porque los recursos son insuficientes y la mayoría de las universidades vamos a incurrir en déficit, lo que sin duda afectará a nuestras expectativas de futuro y a nuestro crecimiento», añade Narváez en el informe presentado al Claustro.

Este apartado del informe concluye apuntando que «es evidente que estamos en una situación económica adversa, que nuestras previsiones presupuestarias se han visto desbordadas, fundamentalmente, como consecuencia del incremento de los precios de la energía eléctrica, que casi se han triplicado, y es necesario que se adopten medidas para compensar esos gastos extraordinarios». 

Por lo que se refiere a la próxima Ley de Universidades, el informe señala que el proyecto de Ley presentado por el ministro Subirats «no contenta a nadie, y menos a la comunidad universitaria, que en general considera innecesario este cambio normativo».

La vicerrectora de Smart-Campus, Raquel Barco, fue la encargada de exponer el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de la Universidad, marcado por el preocupante incremento de las tarifas eléctricas, con el que la UMA prevé un sobrecoste económico de un 213 por ciento, lo que implicaría un desembolso de casi cinco millones de euros más por el mismo consumo.

Barco explicó que en 2019 se abonaron 4,2 millones de euros, cifra que se elevará este año hasta los 9,1 millones de euros por un consumo similar. Y eso que la Universidad está adscrita a la Red de Energía de la Junta de Andalucía, que es el instrumento destinado a impulsar dentro de la administración andaluza principios de eficiencia en la contratación de suministros energéticos. Para frenar el incremento de gasto, la UMA puso en práctica en octubre un plan de medidas urgentes para propiciar el ahorro energético. Aún es pronto para valorar el resultado de estas medidas, pero solo en octubre y noviembre se ha comprobado un ahorro energético de un 5,7 el primer mes y de un 9,9% el segundo, lo que ha posibilitado un ahorro económico de 16.554 euros en octubre y de 55.389 en noviembre.

En otro de los puntos del orden del día, el defensor universitario, Manuel Montalbán, expuso su informe anual. Este pasado curso han bajado las quejas y las consultas recibidas por esta oficina, que en 2020 se incrementaron como consecuencia de la pandemia y del cambio a la enseñanza bimodal. Montalbán señaló que en el curso 2021-22 se recibieron 97 quejas y ocho peticiones de mediación. La mayor parte de ellas procedieron de los estudiantes (81). La mayoría de estas quejas están relacionadas con las evaluaciones en los grados.