La Diputación provincial de Málaga aprobó definitivamente ayer su presupuesto general para 2023, que ascienden a 374,3 millones y que supone un 6,25% más que el de este año. La aprobación ha sido posible con los votos favorables del equipo de gobierno (PP) y del diputado no adscrito Juan Cassá, en contra de los grupos del PSOE y Unidas Podemos; y la abstención del diputado no adscrito Juan Carlos Maldonado.

De la referida cantidad, 318,7 millones de euros corresponden exclusivamente a la Diputación de Málaga; 40,2 millones, al Patronato de Recaudación Provincial; y 15,3 millones, a Turismo y Planificación Costa del Sol.

El diputado de Economía, Hacienda y Administración Electrónica, Víctor Romero, defendió el aumento que experimentan las cuentas de la Diputación para el próximo año, resaltando los referidos al capítulo de personal, con un millón y medio de euros más, o los gastos corrientes en bienes y servicios que alcanzan los 74,5 millones.

Destacó que las cuentas de 2023 exclusivas de la Diputación contemplan transferencias por 80,2 millones a los ayuntamientos, lo que supone una cuarta parte del presupuesto. Igualmente, las políticas sociales alcanzan los 67,8 millones, de las que reseñó el aumento de la ayuda a domicilio de personas dependientes, que crece un 10,9%, hasta alcanzar los 35,4.

Por su parte, el portavoz del grupo socialista, José Bernal, criticó que «estos presupuestos han nacido de forma poco democrática al contrario que los de 2022». En este sentido, justificó el voto en contra de su grupo «porque no hay espíritu de cooperación y ha sido traicionado es el consenso institucional que debería imperar en esta casa».

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Teresa Sánchez, criticó que las cuentas de la Diputación «no atienden a los datos de pobreza y exclusión social que se registran en la provincia».

De otra parte, el pleno de la Diputación de Málaga dio luz verde a la aprobación definitiva del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación para 2023 por un importe de 36,7 millones de euros como aportación de la propia institución.

El último pleno de este año 2022 también aprobó el Plan Estratégico de Subvenciones 2023-2025, que fue defendido por el diputado Manuel Marmolejo como «transparente y basado en un modelo claro y eficiente» ante las acusaciones de PSOE y UP de opacidad y de hacer un uso abusivo de las ayudas discrecionales y directas.

De otra parte, los votos favorables de los diputados del gobierno de la Diputación (POP) y del diputado no adscrito Juan Carlos Maldonado dieron su aprobación a una moción de los populares por la que se insta al Gobierno central a rechazar las reformas legislativas de los delitos de sedición y malversación. El PSOE pretendió sin éxito enmendar esta moción pidiendo apoyar la creación del delito de enriquecimiento ilícito de cargos públicos, «que afectaría a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz», por la causa en la que están investigados familiares de esta.