Los sindicatos CCOO y UGT se concentraron ayer para lamentar la primera víctima de la siniestralidad laboral en la provincia de Málaga. Se trata de un hombre de 33 años que perdió la vida en la madrugada del pasado sábado cuando se encontraba en su moto realizando un reparto a domicilio en Benalmádena. Ambas organizaciones sindicales exigieron a las administraciones públicas y a las empresas que cumplan la legalidad vigente para evitar los siniestros en el trabajo e instaron a la Inspección de Trabajo que ofrezca información sobre los accidentes laborales «en misión».

El pasado año la provincia registró la mayor cifra de siniestralidad laboral en toda Andalucía. Con datos hasta el mes de noviembre, 28 personas han fallecido Málaga, cinco más que en 2021.

Un total de ocho muertes laborales fueron accidentes en accidente de tipo «in itinere» ( el que sufre la persona trabajadora al ir o al volver del lugar de trabajo). Además de estos siniestros, también están los accidentes «en misión», que son los que se producen en un trayecto durante la jornada laboral, como el ocurrido en Benalmádena.

Durante la concentración de ayer, a la que asistieron medio centenar de personas bajo el lema «No más muertes en el trabajo», el adjunto a la secretaría de Salud Laboral de CCOO de Málaga, Vicente José Martín, explicó que el fallecido tenía un contrato precario, «como suele ser el sector del reparto a domicilio». «Desconocemos para qué empresa trabajaba y tampoco sabemos si era autónomo o falso autónomo», dijo

CCOO recordó que la Inspección de Trabajo considera este tipo de siniestros como un accidente laboral, pero lo pidió que se trate como el resto de los accidentes laborales. «Actualmente cuando ocurren accidentes en misión, la Administración no nos ofrece ningún dato al respecto. No se investigan las causas de los mismos, apuntó Martín.

Por su parte, el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Málaga, Vicente Sandoval, coincidió en la falta de información sobre este suceso y otros que la Administración Laboral califica como «tráfico». «No nos informan de ello hasta que transcurren entre 15 días y un mes, por lo que las acciones que se podrían llevar a cabo son extemporáneas, criticó.