Los concejales de Urbanismo, Raúl López; Campanillas, Mar Torres y Sostenibilidad Medioambiental, Francisco Cantos, visitaron el pasado sábado la Vega de Mestanza, a invitación de los vecinos, para conocer los terrenos donde la Junta de Andalucía tiene previsto construir la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Málaga Norte, lo que según la propia administración autonómica supondrá la tala de unos 8.500 árboles frutales.
Los vecinos se oponen a la llegada de la EDAR porque a su juicio acabaría con la última vega del término municipal de Málaga, que además el año que viene celebrará un siglo de vida.
«Ha sido una visita de cortesía para conocer sobre el terreno el ámbito de actuación y ser receptivos a su mensaje, como cualquier ciudadano que nos pide una cita», explicó este lunes a La Opinión el concejal de Urbanismo Raúl López.
El edil detalló que recordó a los vecinos cómo el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, alguna vez había planteado a la Junta de Andalucía emplazamientos alternativos para la estación depuradora, con el fin de no tocar la Vega de Mestanza. «Pero también le hemos trasladado que no tenemos las herramientas, ni es nuestra la decisión ni tampoco tenemos todos los datos», indicó.
Los vecinos tenían preparado un gran plano en el que explicaron a los concejales cuáles son los otros emplazamientos alternativos para librar a la vega de esta equipamiento.
La portavoz vecinal, Mari Carmen Mestanza, en declaraciones a La Opinión lamentó este lunes que todos los representantes políticos que han visitado la Vega de Mestanza de diferentes partidos políticos «nos digan que es un error, que no tiene explicación poner aquí la depuradora» pero luego el proyecto siga adelante.
Como adelantó este diario, en mayo del año pasado un juzgado de instrucción de Málaga admitió a trámite una querella penal de la Asociación de Vecinos de Mestanza y Lomas de Cantarrana contra cinco responsables de la Junta relacionados con la llegada de este equipamiento.
La viceconsejera de Agricultura, Ana Corredera, contestó entonces en un comunicado que el emplazamiento de la estación estaba decidido desde 2009, contaba con el visto bueno de los cinco municipios afectados y que la Junta se prestaría a colaborar con la Justicia.
