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El Gobierno destina 21,1 millones al Plan de Fomento de Empleo Agrario en Málaga

Supone un incremento del 4,5% respecto al pasado 2022, cuando la inversión alcanzó 20,2 millones

EP

El Gobierno de España destina este año 21,1 millones de euros al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), lo que supone un incremento del 4,5% respecto al pasado 2022, cuando la inversión alcanzó un total de 20,2 millones de euros. En los últimos cinco años, desde 2018, el Ejecutivo Central ha aumentado la inversión total un 24%.

El Programa de Fomento de Empleo Agrario se divide en dos programas específicos: el de Garantía de Rentas, dotado con 16,65 millones de euros y el Programa Generador de Empleo Estable, que cuenta con 4,48 millones.

Este programa «tiene un doble objetivo, ya que por un lado permite mejorar y crear nuevas infraestructuras en los municipios donde se desarrolla y, por otro, garantizar empleo y rentas a los trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, en épocas fuera de campañas», destacó el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, que resaltó en un comunicado «el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con este programa y con el empleo, traducido en el incremento del 24% en la dotación presupuestaria para el PFEA desde el año 2018 hasta 2023».

El PFEA ha generado en el año 2022 unos 12.300 empleos en toda la provincia y unos 226.000 jornales, beneficiando a la totalidad de municipios y Entidades Locales de la provincia, que ejecutan más de 300 proyectos en los dos programas específicos, Garantía de Rentas y Generadores de Empleo Estable.

El Gobierno de España, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, financia el 65% de estos proyectos. El resto de la financiación corresponde a las administraciones regional, provincial y local. Este programa está encuadrado dentro de las Políticas Activas de Empleo que gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Andalucía. Se determinó en 2022 con el Real Decreto 4/2022 y posteriormente con el Real Decreto 18/2022 de 18 de octubre la reducción del número de jornadas reales cotizadas para acceder a la renta agraria.