España estudia más ayudas por la sequía que ya considera «política de Estado»

El Gobierno de España se ha comprometido a estudiar más medidas de apoyo al campo para paliar los efectos de la sequía, unos daños que ya son millonarios y que se detallaron ayer en la esperada Mesa Nacional de la Sequía. Tras la reunión, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) anunció que además, el titular del Departamento pedirá a Bruselas a través de una misiva flexibilidad en la aplicación de la Política Agraria Común para los sectores afectados por esta situación.

Desde el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que es necesario «reconfigurar» la manera de relacionarse «con un bien cada vez más escaso» como el agua y expresó su deseo de que la lucha contra la sequía se convierta en una «política de Estado», ya que el «desafío» es «evidente».

En la Mesa Nacional de la Sequía participaron representantes del MAPA, del Miteco, de las comunidades autónomas, las comunidades de regantes, las organizaciones de productores y las cooperativas agroalimentarias. Sirvió para compartir los informes de precipitaciones y disponibilidades y analizar la situación general y particularizada en las distintas comunidades y se han puesto sobre la mesa propuestas que ahora deberán analizarse.

Agricultura reconoció que la situación de sequía es grave y generalizada, aunque revela «diferencias importantes» en el territorio y destaca la afección a las cuencas del Guadalquivir, Guadiana y las interiores de Cataluña.

Por ahora, el valor medio de las precipitaciones acumuladas desde el inicio del año hidrológico (1 de octubre de 2022) es un 23,5% inferior al valor normal. Además, se presentaron los avances de superficies y producciones y se han analizado las dificultades más relevantes para territorios y sectores en las producciones agrícolas y ganaderas; por ahora, se han detectado en la ganadería, en particular la extensiva y la apicultura, así como en los cultivos herbáceos. De los representantes autonómicos presentes en la mesa, la consellera de Acción Climática de Cataluña, Teresa Jordá, solicitó un decreto de sequía, ayudas económicas para los sectores agrícola y ganadero y beneficios fiscales para esta autonomía, una de las más afectadas por la sequía.

Por su parte, la consellera de Agricultura y Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana, Isaura Navarro, lamentó la situación de falta de lluvias tan grave, aunque aseguró que el Gobierno regional tiene «los deberes hechos» en infraestructuras para depuración y reutilización de aguas de regadío.

Desde Sevilla, la consejera andaluza de Agricultura, Carmen Crespo, explicó que esta autonomía se ha centrado en pedir que se anticipe el 90 % de las ayudas de la PAC en octubre en vez del 70%, como se hace habitualmente, y que el ministerio use la reserva de crisis.

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La consejera negó que Andalucía quiera confrontar con el Gobierno y expuso que la Junta pide «lealmente que, en el territorio donde gobiernan ellos, que es el 67% de las cuentas de esta tierra, hagan sus deberes».

«Que lleven un decreto de sequía del Guadalquivir y que hagan las obras de interés del estado en nuestra comunidad», insistió la consejera, que pidió «altura de miras» al Ejecutivo central, teniendo en cuenta que «Andalucía llega hasta donde puede llegar».

Y, así, por último, pidió un Gobierno de España que «arrime el hombro» en estos momentos de sequía y ayude a los agricultores y ganaderos con obras hidráulicas, que son «el presente y futuro» ante la «extrema» sequía que sufre toda España, pero, especialmente, el sur.

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Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han pedido al Gobierno central y a las autonomías que se habiliten medidas «urgentes» de índole económica y legislativa para paliar los efectos de la sequía severa en el sector primario y creen que «ya no caben más análisis», sino pasar a la acción.

A la salida del encuentro, el presidente de Asaja, Pedro Barato, insistió, como hizo a la entrada, en que la situación «no está para diagnósticos» y lamentó que el ministro Luis Planas no asistiera al encuentro al tratarse de un «problema acuciante».

Asaja pidió un decreto de sequía «urgente» que recoja medidas económicas, fiscales y en el ámbito de los seguros agrarios.

Desde COAG, el miembro de la comisión Ejecutiva Andrés Góngora, reclamó, en el mismo tono, que se pase del diagnóstico a la acción con la aprobación de un decreto de sequía y un pacto de Estado para que «no se convierta en un arma arrojadiza entre comunidades autónomas y el Gobierno central».

Además, solicitó la constitución de una mesa interministerial con Agricultura, Economía, Hacienda y Transición Ecológica para «sacar adelante todo tipo de medidas» porque la situación «es muy grave».

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"Respuestas urgentes"

Por su parte, el secretario ejecutivo de UPA, Ignacio Huertas, incidió en la necesidad de poner «presupuesto» comunitario, nacional y autonómico sobre la mesa para adoptar planes «urgentes» de respuesta.

Esta organización ve pertinente que se celebre un encuentro «al más alto nivel, es decir, con el ministro Luis Planas» en el plazo «más breve posible».

Desde las cooperativas agroalimentarias reclamaron que se aprueben exenciones y bonificaciones fiscales y tributarias, se prorrogue la ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo agrícola y se flexibilice la Política Agrícola Común (PAC) para afrontar la situación de sequía severa que afecta al campo.

El director general de Cooperativas Agro-alimentarias, Gabriel Trenzado, encabezó la representación de este sector en una reunión que, según sus palabras, fue «más de diagnóstico» y en la que las cooperativas solicitaron a las administraciones «medidas inmediatas de liquidez».