Vecinos del Centro denuncian que la Junta no les ampara en el conflicto con los pisos turísticos

Vecinos del Centro de Málaga, una de las zonas de la capital donde más proliferan las viviendas de uso turístico -suponen entre el 30% y el 40% del parque total de vivienda en algunos puntos- lamentan que el nuevo decreto de la Junta de Andalucía que regula este tipo de alojamientos no les ampara, sino que temen que sirva para «consolidar» el problema.

Después de analizar el borrador que está tramitando el Gobierno andaluz,que ya avanzó este periódico, la Asociación de Centro Antiguo duda de que se haya consultado a colectivos vecinales para la redacción de la nueva norma y señala que no hace alusión a los planes generales de los ayuntamientos en los que se regulan los usos urbanísticos, entre ellos, hospedaje y residencial.

«En el de Málaga se distingue perfectamente lo que es una vivienda, un uso residencial, la estancia donde de manera permanente viven personas, de lo que es un uso de hospedaje, que es un alojamiento temporal previa prestación económica. Y eso, en el Plan General de Málaga está limitado en los edificios de vivienda a que se tenga un acceso independiente del resto de vecinos del edificio y una serie de instalaciones como luz, teléfono y agua también independiente. Esto estaba ya perfectamente regulado», recuerda el presidente de la asociación, Carlos Carrera, en conversación con este periódico.

La Junta contempla que las comunidades de vecinos puedan prohibir las viviendas turísticas

«Nosotros lo que reclamamos es que se aplique el uso de hospedaje que está recogido en el Plan General, porque el punto de partida es que las casas no son hoteles y hay que preservar el carácter residencial que tienen», añade Carrera, que argumenta que ya existen alojamientos turísticos de todo tipo, desde hoteles y paradores a campings y albergues, por lo que «no había necesidad» de incluir las viviendas turísticas en los edificios residenciales.

Por otro lado, los vecinos critican que el nuevo decreto incluya una serie de medidas «cosméticas» como exigir la instalación de sonómetros, contar con botiquín, ropa de cama y de baño o conformarse como una empresa gestora a partir de tres viviendas por provincia.

Unos requisitos, recalca Carlos Carrera, que son «sencillos de obtener», mientras que no se abunda en las competencias de los ayuntamientos para limitar los pisos turísticos.

«Este decreto consolida esta situación, aunque hace alusión a que los ayuntamientos podrán establecer una serie de limitaciones pero ahora habrá que ver cuáles».

En cuanto al hecho de que la Junta «fortalezca» la prohibición de este tipo de alojamientos que puede ejercer la comunidad de propietarios, tal y como lo establece la Ley de Propiedad Horizontal al incluir esta vía en el decreto, Carrera opina que supone «trasladarle a los propios vecinos esa responsabilidad y someterlo a más conflicto vecinal».

«Se hace un reconocimiento a que se respetará esa prohibición recogida en los estatutos», añade el presidente de Centro Antiguo. «Pero es un proceso largo, hay que reunir a la comunidad de vecinos, tiene que tener unas mayorías para modificar unos estatutos, pero como haya varios que ya tengan una vivienda turística o la quieran tener, la mayoría se verá perjudicada. Hay que llevarlo ante notario, inscribirlo en el registro de la propiedad, todo eso son tasas que hay que pagar».

Carlos Carrera sostiene que, además del conflicto de convivencia que puede generar una vivienda turística en un bloque, la proliferación de estos alojamientos suponen el fin de la red de apoyo social que suponen los vecinos, así como el fin de la «intimidad» y la «privacidad» del hogar. «Son miles de desconocidos entrando y saliendo de tu edificio. Esto es pervertir totalmente el sentido de una comunidad de vecinos».

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El sector, de acuerdo

Por su parte, la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro) celebra el borrador del decreto de la Junta que regulará este tipo de alojamientos en sustitución de la norma vigente, que data de 2016.

«Se ha hecho bien porque se ha contado con el sector, en todo momento hemos participado», asegura el presidente de la asociación, Carlos Pérez-Lanzac, que señala que la nueva redacción se ajusta a la «casuística» y la «realidad» de cada territorio, al tiempo que «permitirá a Andalucía mantener su liderazgo como destino de referencia para el turismo residencial».

Ahora bien, la asociación advierte de que este nuevo decreto, aún en tramitación y que abre la puerta a que los ayuntamientos puedan «establecer limitaciones» en cuanto al número máximo de viviendas de uso turístico por edificio o por sector de la ciudad, no es un «cheque en blanco» sino que las corporaciones locales tendrán que «justificar muy bien por qué toman determinadas medidas, con criterios de proporcionalidad y necesidad».

 «Lo que no se pueden poner son criterios discriminatorios ni propagandistas ni políticos como se han hecho en las elecciones. Entendemos que tiene que haber una regulación y que los ayuntamientos tengan sus herramientas para armonizar los distintos usos, pero tiene que haber un rigor», añade a este periódico Pérez-Lanzac. «Nada tiene que ver una zona urbana que pueda estar más tensionada con otros lugares como Chiclana, Torrox o pueblos de Almería, por ejemplo, que en invierno cierran los hoteles y no habría forma de alojarse si no fuera por las viviendas y apartamentos turísticos».

Al respecto, el presidente de AVVAPro recuerda que la asociación tiene demandas en curso contra los ayuntamientos de Sevilla y Cádiz «por aprobar normativas contrarias a los alojamientos turísticos sin atender a criterios de proporcionalidad ni de interés general».

Empresa gestora

 Por otro lado, el sector valora la creación de la figura de la empresa gestora, que entiende que es un «paso importantísimo» hacia la profesionalización del sector. «Se dará más garantías al propietario del inmueble, al gestor y al propio turista. También en la interlocución con la administración». También defiende que ya se están tomando medidas para evitar el problema del ruido, por ejemplo, con un sistema de conserje nocturno las 24 horas del día con el que ya cuentan 1.800 viviendas en Málaga.

Y en cuanto al resto de actores implicados en este asunto, como el Ayuntamiento de Málaga o el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, en ambos casos sus equipos jurídicos siguen estudiando el decreto.