Agricultura
El campo malagueño se movilizará ante la cita de ministros agrarios de la UE para reclamar un "viraje" en sus políticas
Los colectivos Asaja, Coag, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias protestarán a nivel andaluz para exigir un cambio que garantice el sistema alimentario
La movilización se realizará en Córdoba el 5 de septiembre aprovechando la Reunión Informal de Ministros (RIM) de Agricultura de la UE

Trabajadores en la campaña del olivar en Málaga, que se desarrolla en las comarcas de interior. / Celia Paredes
El sector agrario de Málaga ha confirmado este martes que se va a sumar a la protesta convocada por el campo andaluz en Córdoba para el próximo 5 de septiembre, y que está enmarcada en la reunión de ministros europeos de Agricultura que se celebrará en esta ciudad. La concentración, que será secundada por los colectivos agrarios Asaja, Coag, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, quiere denunciar la "situación de desamparo" que vive este sector en la comunidad andaluza y reclamar "un viraje" en las políticas agrarias para que la alimentación se convierta en una cuestión de máxima prioridad para la Unión Europea.
Córdoba acogerá esos días (entre el domingo 3 y el martes 5 de septiembre) la Reunión Informal de Ministros (RIM) de Agricultura europeos, en el marco de la Presidencia Española de la UE. El campo malagueño aprovechará así esta cita (que contará con la asistencia del comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski) para reclamar un "cambio" en los planteamientos comunitarios que permita proteger el tejido productivo andaluz -y el europeo-, así como la seguridad alimentaria del conjunto de la ciudadanía.
Los representantes agrarios reclaman una "defensa del modelo social y profesional de agricultura", que a su juicio está "amenazado por las políticas de la UE, y exigen "soluciones políticas coherentes" en materia de cambio climático y seguridad alimentaria. Los convocantes alegan que se está produciendo un "debilitamiento" de la agricultura y la ganadería andaluzas a consecuencia del encarecimiento de los costes de producción, la sequía, la falta de rentabilidad y la "creciente competencia desleal" de terceros países.
"Es una suma de factores que pone en jaque la soberanía alimentaria de la agricultura andaluza y el futuro de la principal región agraria española", han señalado.
El sector agroalimentario andaluz recuerda que acumula ya dos años de incremento del precio de fertilizantes, fitosanitarios, plásticos, gasoil o electricidad, entre otros inputs, que ha provocado un aumento de los costes de producción superior al 35% en 2022, según datos de Eurostat.
"Si bien este ascenso se tradujo en un incremento del valor de los alimentos en su origen (por encima del 25%), la realidad es que agricultores y ganaderos continúan trabajando en una situación ruinosa, que ha empujado a muchos de ellos a abandonar sus explotaciones", explican.
Impacto de la sequía y "ausencia" de medidas hidrológicas adecuadas
Por otro lado, la sequía que desde el año 2017 azota de forma persistente al campo está provocando una caída de la productividad del sector ante la "ausencia" de una política hidrológica adecuada a la situación climática, que permita continuar la actividad.
Los convocantes de la protesta añaden que la pérdida de cosecha por la falta de precipitaciones y las elevadas temperaturas es "especialmente preocupant"e en sectores como el aceite de oliva, que en un solo ejercicio llegó a disminuir su producción en un 49% -al pasar de los 1,151 millones de toneladas molturados en la campaña 2021-2022 a las 587.000 toneladas, en la 2022-2023-.
Otros sectores muy afectados son los de cereales, en el que se estima una pérdida del 52% de la cosecha, y la ganadería, donde se han disparado especialmente los costes de producción ante la falta de pastos para alimentar a los animales y el encarecimiento de las materias primas por el conflicto bélico.
Los agricultores y ganaderos denuncian además que, en este negativo contexto, asisten "indefensos" a una "entrada indiscriminada" de alimentos procedentes de países terceros, con normativas medioambientales y laborales "más laxas" a las que están sujetos los productores europeos.
Esta llegada viene acompañada de "sucesivas alertas sanitarias", con alimentos en el canal de comercialización que "no cumplen las normas de seguridad europeas y que son consumidos inevitablemente por la población debido a unos sistemas de control deficitarios".
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