Los abogados y procuradores mutualistas de Málaga siguen en pie de guerra contra el sistema de cotización que les dejará pensiones paupérrimas, por debajo de las no contributivas -unos 400 euros- en la mayoría de los casos.
Los letrados malagueños, que ya se concentraron este verano frente a las puertas de la Ciudad de la Justicia, se han organizado en una primera manifestación que se ha replicado en diferentes puntos del país a la misma hora, por ejemplo, en las ciudades de Barcelona, Granada, Almería, Córdoba, Ponferrada, Santiago de Compostela, Murcia o Bilbao.
Más de 500 personas, según los organizadores, se han congregado frente a las puertas del Colegio de Abogados de Málaga para emprender una marcha que ha atravesado todo el Paseo de la Farola, el Parque y la Alameda hasta el Puente de Tetuán.
El trayecto ha estado acompasado por proclamas en las que increpaban directamente a los colegios profesionales -"¿¡Dónde están los decanos!?"-, a los que han acusado de ser "conocedores y facilitadores" del problema o al presidente de la Mutualidad de la Abogacía, Enrique Sanz Fernández- Lomana -"Lomana, escucha, ¿dónde está mi hucha?", al que reclaman "¡pensiones dignas, limosnas no!".
No solo han hecho referencia a la Mutualidad de la Abogacía sino también a Altermutua y la Mutualidad de los Procuradores, un gremio que se encuentra en la misma situación que los abogados, con un sistema de cotización privado -al que se adhirieron en el momento de colegiarse- que no les garantiza una prestación suficiente para poder jubilarse.
Paso al sistema público
Por eso, los letrados piden a las administraciones públicas "todas las reformas legales necesarias" para poder pasarse al sistema público, el RETA, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. "¡No pedimos caridad, queremos dignidad!".
"El Estado no nos ha protegido como debe e incluso nos ha discriminado, imponiendo obligatoriamente la cotización solo a través de la Mutualidad, y posteriormente, incentivándose la opción por dicho sistema privado", denuncian, por lo que piden al Estado una vía temporal y voluntaria para que los profesionales puedan "puedan recuperar sus aportaciones con destino al RETA y canjear su capital acumulado por años de cotización".
En sus demandas incluyen también la posibilidad de compatibilizar el cobro de la pensión con el mantenimiento del ejercicio profesional ya que entienden que las prestaciones que van a recibir "a pesar de las
mejoras solicitadas y dado que necesitan de un tiempo para que las anteriores mejoras den resultados, van a ser muy insuficientes", lo que va a generar un "problema social" que, insisten, debe ser abordado.
¿Cuál es el problema?
Los letrados afectados pertenecen principalmente a la Mutualidad de la Abogacía, también a Alter Mutua, un sistema de cotización privado al que hasta 1995 era obligatorio unirse cuando los juristas se colegiaban, por lo que se les cerraba la puerta para entrar en el sistema público, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
A partir de 1995, se abre la puerta a que los letrados puedan pasarse al RETA, aunque los abogados denuncian que los propios colegios oficiales seguían recomendando la mutua como la opción más aconsejable.
En 2005, la mutua pasa a funcionar como un sistema de capitalización individual, es decir, como un fondo de pensiones, por lo que las aportaciones de los mutualistas no irían a un fondo común sino a su propio plan de jubilación.
Este cambio en el funcionamiento de la mutua está resultando en que los letrados que llegan al final de su etapa laboral e inician la jubilación, se encuentran con pensiones mínimas, que oscilan entre los 200 y los 400 euros, por lo que en muchos casos se están viendo obligados a atrasar el momento de retirarse. Cabe recordar que la pensión mínima en España, sin cónyuge a cargo del pensionista, está en 743 euros, y asciende hasta los 966 euros cuando si tiene una persona dependiente.
