La Junta venderá el edificio del Centro de Internamiento de Menores de Torremolinos

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía venderá los primeros cuatro edificios judiciales que van a quedar en desuso al ser sustituidos por nuevas sedes judiciales. Los cuatro inmuebles que se pondrán a la venta son el centro de internamiento de menores infractores San Francisco de Asís en Torremolinos, el centro de la misma tipología San Miguel en Granada, la que fuera sede judicial de Marchena, en Sevilla, y el suelo en Hacienda Santa Isabel en Málaga -donde se iba a ubicar el depósito judicial de vehículos, extremo que se ha descartado-. Se han iniciado los expedientes y las correspondientes tasaciones.

Centro de Torremolinos

Gestionado por la Junta de Andalucía desde 1984, en 2010 se desaloja temporalmente para efectuar obras de adaptación y mejora. En la actualidad figura como el CIMI (Centro de Internamiento de Menores Infractores) San Francisco, con 15 plazas de capacidad en régimen abierto, semi-cerrado y cerrado, y para estancias de fin de semana.

El centro se cerró definitivamente el 1 de abril de 2021, quedando el edificio sin uso desde entonces. Ya en 2023 la Junta de Andalucía lanzó el proyecto para construir una instalación similar en Málaga. Así lo estableció el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que autorizó un gasto de 8.548.796 euros para sacar a concurso la gestión de un centro de este tipo, con 48 plazas, por un plazo de 22 meses.

Los CIMI permiten dar respuesta a la ejecución de las medidas, tanto de internamiento como de régimen medio abierto, que los jueces de Menores imponen a los jóvenes que han cometido algún tipo de delito. 

Parcela de la Hacienda Santa Isabel

La parcela de la Hacienda Santa Isabel tiene 81.284 metros cuadrados y está situada en una de las zonas comerciales más importantes de la provincia de Málaga, como es el entorno de Plaza Mayor, Ikea y Bricomart. Propiedad de la Junta de Andalucía, esta parcela iba a albergar un nuevo depósito judicial para almacenar coches y barcos decomisados, con idea de dar servicio a toda la provincia de Málaga y el Campo de Gibraltar.

El proyecto estaba promovido por la Consejería de Justicia e Interior, que incluso llegó a iniciar los trámites hace siete años, pero finalemente fue descartada esta ubicación. Antiguo vivero, esta parcela está catalogada como suelo no urbanizable de especial protección, por lo que tenía notables problemas para su desarrollo urbanístico y limita considerablemente el destino que se le pueda dar a este suelo.

¿Por qué se venden estos edificios?

Los ingresos obtenidos con estas ventas irán destinados al plan de infraestructuras judiciales de Andalucía (2023/2030), en el que la Administración andaluza calcula que la inversión rondará los 1.500 millones de euros. Con la venta de patrimonio judicial en desuso, la Consejería de José Antonio Nieto espera lograr hasta 185 millones de euros, «cantidad que puede oscilar en función de la cifra de venta que se logre en cada momento en función de los precios», precisaron fuentes de la Consejería de Justicia a Europa Press. Las sedes judiciales que se van a poner a la venta son todas aquellas que sean en propiedad y que vayan a ser sustituidas por nuevas sedes judiciales con las inversiones previstas en el plan de infraestructuras judiciales para el periodo 2023/2030.

La Dirección General de Patrimonio es la propietaria de todos los inmuebles de la Junta de Andalucía. Por este motivo, se ha negociado que «en la medida de lo posible» los ingresos alcanzados con estas ventas «reviertan en la Consejería de Justicia para su inversión en la renovación de sedes judiciales o en todo caso se compense con alguna otra fórmula».