Turismo
La burocracia complica la limitación de las viviendas turísticas en Málaga
Las comunidades de propietarios reconocen el elevado gasto que en cada caso implica cambiar los estatutos para prohibir los pisos de uso turístico

Las comunidades de propietarios, ante el dilema de erradicar o no las viviendas destinadas a turistas. / Álex Zea

La lucha en muchas ciudades contra las viviendas de uso turístico tiene bastante letra pequeña. Para empezar existen en los inmuebles plurifamiliares acceso a los registros oficiales de pisos turísticos, pero no son pocas las familias que en temporada alta los ceden a amigos o conocidos, al margen de dichos listados. Y hay una dificultad añadida a la que arroja luz el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas de Andalucía, como son los altos gastos que entraña cambiar los estatutos de las comunidades de vecinos.
Recordemos que Málaga lidera la cifra de viviendas turísticas en España, con Nerja como municipio de mayor densidad de pisos de este tipo, según los últimos datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Andalucía. No extraña así que sea en esta provincia donde en los últimos tiempos hayan proliferado las asambleas de propietarios para debatir si se autorizan o no las viviendas de uso turístico.
De momento, muchas comunidades han empezado por dar luz verde a las votaciones presenciales y telemáticas que permitan aprobar o no esa medida. Muchas confirman que no disponen de momento de liquidez para afrontar un cambio estatutario, o que incluso están a la espera de recursos elevados al Supremo con los que disponer de un marco legal con las suficientes garantías jurídicas. Es decir, la burocracia de momento juega a favor de quienes utilizan sus pisos para turistas.
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, informaba hace unos días al Gobierno central de que en el caso de Andalucía existe desde enero un nuevo marco regulador para las viviendas turísticas, de manera que son los ayuntamientos andaluces los encargados de poder aplicar las limitaciones que desde Madrid se solicitan a las comunidades autónomas.
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