Entrevista | Eliud Vega Presidente del Movimiento Reacciona por la Equiparación Real

«‘La gran demanda’ por la equiparación salarial será la mayor reclamación de la democracia»

"El poder ejecutivo no ha hecho sus deberes y el legislativo no lo puede hacer sin el primero. Ahora toca ir al poder que quedaba por recurrir, el judicial", apunta Eliud Vega ante la demanda puesta contra el Estado para conseguir la equiparación salarial de los cuerpos policiales

Eliud Vega, presidente de Equiparación Real.

Eliud Vega, presidente de Equiparación Real. / L. O.

La Opinión

El responsable de la asociación Reacciona por la Equiparación Real, Eliud Vega, anuncia una «gran demanda judicial» contra el Estado para lograr la igualdad salarial de policías y guardias civiles respecto a otros cuerpos policiales autonómicos, también en las condiciones de jubilación y que se les considere profesión de riesgo.

Una gran demanda al Estado. ¿Cómo se arma una causa así?

El argumento es que llevamos desde 1992 reclamando la equiparación salarial respecto a los cuerpos de policía autonómicos. Por desgracia, es una demanda histórica que no tiene vistas a solucionarse con los mecanismos de la política actual.

¿Cuándo se gesta la idea?

Nace del hartazgo de cientos de compañeros de la Policía Nacional y la Guardia Civil que interactúan en los diferentes chats que la asociación pone a su disposición. Siempre ha habido un gran respeto y una unidad entre los dos cuerpos, como si solo fueran uno para apoyar los motivos por los que se creó Movimiento Reacciona. Podemos situar el origen más o menos a finales del año pasado, que es cuando realizamos la primera manifestación en Barcelona el 6 de diciembre, un día muy significativo.

¿Se había hecho algo así antes?

Jamás. Los motivos los desconocemos, tampoco nos preocupa. Equiparación Real nació para actuar libremente y sin prejuicios de ningún tipo. El éxito se gesta en escuchar a los miles de compañeros que pedían una acción nueva, sin explorar, y a la vez contundente. El poder ejecutivo no ha hecho sus deberes y el legislativo no lo puede hacer sin el primero. Ahora toca ir al poder que quedaba por recurrir, el judicial, para buscar justicia para los 150.000 agentes de los mejores cuerpos de seguridad de gran parte del mundo.

¿Contra quién se dirige y cuáles son las principales exigencias?

La denominamos ‘La gran demanda’ porque engloba las diferencias salariales que sufrimos tanto los guardias civiles como los policías nacionales. Aborda los problemas de discriminación y desigualdad retributiva respecto al resto de cuerpos de seguridad. Consta de tres bloques. El primero se centrará en obtener el reconocimiento como profesión de riesgo, aunque nosotros creemos que es un término injusto. Realmente somos una profesión de alto riesgo. El segundo bloque peleará por percibir la misma pensión a la hora de la jubilación. Actualmente, las diferencias con los cuerpos autonómicos y locales son abismales y se han incrementado desde que obtuvieron la consideración de profesión de riesgo. En términos netos, estamos hablando de más de 600 euros. Es una diferenciación y discriminación laboral muy importante. Además, en el pase a la jubilación, aun teniendo las FFCCSE más representatividad, peligro, penosidad y movilidad, percibimos una pensión ridícula. Un agente con 43 años de servicio al Estado se está jubilando con 1.650 euros netos y a los 65 años. Uno autonómico en las mismas condiciones, desde hace unos tres o cuatro años, lo está haciendo a los 59 años y con 2.200 euros netos, de lo cual nos alegramos porque es lo justo. Cuando un funcionario de Justicia se jubila en Euskadi, Extremadura o Islas Baleares, percibe lo mismo. Igual pasa en el sector de la Sanidad, Educación o en función pública... Pero cuando hablamos de seguridad, somos los grandes olvidados, los grandes engañados.

¿Y el tercer bloque?

La tercera parte será investigar qué falta para la verdadera equiparación real, que es el leitmotiv de nuestra asociación, e ir a por ello con todos los datos objetivos. Desde el Ministerio del Interior aseguraban que ya estábamos equiparados, pero no es cierto. En el acuerdo de 2018 había un punto en el que una empresa se tenía que encargar de la auditoría para corroborar esto, pero es el despacho de abogados el que se va a encargar de investigar estos extremos también y llevarlos en la correspondiente demanda judicial. Lo cierto es que actualmente cobramos en activo entre 400 y 500 euros menos que un Mosso d’Esquadra y eso lo tienen que saber los ciudadanos.

Han iniciado una campaña para recoger fondos porque se enfrentan a muchos gastos.

Al ser una asociación civil, con unos objetivos definidos, tenemos recogidas las diferentes formas de financiación. Esta campaña se va a hacer como en las anteriores, con donativos particulares de miles de compañeros. Se pueden hacer desde 15 euros, aunque ya ha habido contribuciones de 80 y 100 euros. Tenemos siete grupos específicos que suman casi siete mil participantes para la recaudación y no tenemos fecha de fin. Comenzamos el 5 de junio y en apenas unas horas superamos los 8.000 euros. Ahora mismo (noche del viernes) hemos alcanzado los 44.500 euros, pero el objetivo mínimo son 75.000. Necesitamos alcanzar este objetivo para poner en marcha una acción judicial inédita. Es una cantidad un poco alta, pero asequible si se miran los beneficios que puede reportar a un colectivo de 150.000 funcionarios. Es una suma importante.

La demanda la va a tramitar el conocido despacho Durán&Durán. ¿Cómo han llegado hasta ellos?

Después de contactar con varios gabinetes, un compañero nos pasó el contacto de un bufete que desde el primer momento mostró una sensibilidad especial. Se trata del despacho Durán & Durán Abogados, presidido por Miguel Durán, una persona con una historia, vivencias y superación personal encomiable. Presidente y fundador de la ONCE, lo mismo en Tele 5 y Atresmedia, cuenta con grandes éxitos a nivel jurídico en varias materias, cuenta con letrados de máximo renombre y exjuristas, con un currículum extraordinario y su atención siempre exquisita con nuestra demanda y saben cómo pelearla perfectamente. La demanda implicaría al menos a tres ministerios para que haya más seguridad de éxito. El de Interior, Trabajo y Seguridad Social. Y ahí no acabaría la cosa, está previsto y presupuestado acudir a las más altas instancias, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y al Tribunal de Justicia Europeo.

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