El Ayuntamiento de Málaga reconoce la "grave situación de tensión" del mercado de la vivienda

Existe una "grave situación de tensión" tanto en el mercado del alquiler como en la compraventa de viviendas en la capital malagueña. Así lo ha reconocido el Pleno del Ayuntamiento de Málaga, con el apoyo de todos los grupos municipales, incluido el equipo de Gobierno, salvo Vox.

El acuerdo, incluido en una moción urgente del grupo municipal socialista, ha pasado de soslayo por el debate político, más centrado en la regulación de las viviendas turísticas, pero ha sido el único punto que ha salido adelante, incluyendo en sus compromisos la exigencia tanto para el propio Ayuntamiento como para la Junta de Andalucía de que “tomen medidas efectivas” que reviertan esta situación.

De hecho, en relación al papel de las viviendas turísticas en ese proceso de saturación, en la instrucción que aprobó el Ayuntamiento de Málaga en junio de este año para frenar la proliferación de estos alojamientos -aplicando el Plan General de la ciudad-, el equipo de Gobierno se refiere a estos alojamientos como un “fenómeno aparentemente imparable” con un crecimiento de “tal magnitud que ha desbordado cualquier previsión previa”, según el documento consultado por este periódico.

Esta instrucción sostiene, además, que la proliferación de las viviendas turísticas “está saturando la capacidad de acogida de visitantes en nuestras ciudades sustrayendo unidades de vivienda del uso residencial y tensionando el mercado de la vivienda hasta límites antes desconocidos”.

Precisamente la aplicación del Plan General de Málaga, el PGOU de 2011, como herramienta para regular los pisos turísticos -los vecinos del Centro histórico llevaban años demandándolo- ha generado dos interpretaciones en la Corporación municipal sobre cómo se debe entender y, por tanto, ejecutar lo que estipula el planeamiento municipal.

Por hacer memoria, este Plan recoge en su artículo 6 que el uso de hospedaje solo se puede desarrollar en edificios destinados total o parcialmente a viviendas si se dispone de un acceso independiente al inmueble, así como instalaciones de luz, agua o teléfono, entre otros, ajenas a las de la comunidad de vecinos. Un requisito que en la ciudad se ha empezado a exigir a partir de junio de este año y con efecto retroactivo desde febrero, tras la entrada en vigor del nuevo decreto de viviendas turísticas de la Junta de Andalucía -el anterior data de 2016-.

Por un lado, el PSOE entiende que el consistorio debe aplicarlo de forma retroactiva y no solo a partir de febrero, lo que, en definitiva, supondría una revisión de todas las viviendas turísticas que operan hasta la fecha en la capital. Por otro, el Partido Popular sostiene que es el decreto autonómico aprobado este año el que establece la “normativa urbanística de obligado cumplimiento” y, por tanto, el paraguas jurídico que les habilita para aplicar su propio PGOU, como ha apuntado la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, que ha recordado que el consistorio ha solicitado que dé de baja 1.500 viviendas turísticas.

En este planteamiento coincide también Vox, como ha expuesto la concejala Yolanda Gómez, que ha acusado a los socialistas de emplear argumentos “populistas” pese a que conocen que los “derechos adquiridos no se pierden”. Gómez ha defendido que la regulación de los pisos turísticos “excede” de las competencias del consistorio y ha pedido la derogación de la Ley estatal de Vivienda, que “facilita la okupación”.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Dani Pérez, ha criticado la “inactividad” del equipo de Gobierno “ante el drama habitacional” y ha recordado que su grupo interpondrá un recurso contencioso-administrativo para que el consistorio cumpla con su Plan de Ordenación Urbana.

Así lo adelantó ayer en la rueda de prensa previa al pleno, en el que Pérez anunció que si el Partido Popular se negaba a exigir las condiciones del PGOU a todos los pisos turísticos -como era esperable y finalmente ha ocurrido-, acudirían a los tribunales. Sobre este movimiento judicial, fuentes socialistas se limitan a responder que están “trabajando en ello”.

Y en cuanto a la cuestión de competencias con las que cuenta el consistorio para regular esta actividad, el concejal de Con Málaga, Nico Sguiglia ha afeado a De la Torre que hay pasos que no ha dado, como establecer un registro municipal de viviendas turísticas, cuantificar y dar de baja las viviendas turísticas ilegales o declarar Málaga como ciudad tensionada. “Señor De la Torre, usted parece un muñeco de cera en política de vivienda, tiene el récord de ciudades que no han tomado ninguna medida para regular la vivienda turística”.

Tasa turística

Los populares tampoco han apoyado exigir a la Junta de Andalucía la creación de una tasa turística, pese a que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha sido uno de los principales defensores de aplicar este tributo. Al respecto, De la Torre, ha hecho una distinción entre tasa turística e impuesto turístico que, en su opinión, debería legislar el Gobierno central. Como ya afirmó en una entrevista con este periódico, De la Torre considera que es "más inteligente" que sea el Estado el que cree el tributo.