Málaga ya ha devuelto casi 18 millones por el cobro indebido de la plusvalía

El Ayuntamiento de Málaga ha devuelto ya casi 18 millones de euros por el cobro indebido de la plusvalía, esto es, en los casos de herencia o compraventa en los que no existe ganancia patrimonial, como dictaminó el Tribunal Constitucional en 2017.

Una jurisprudencia que llegó a declarar nulo el impuesto -la sentencia afectó a todos los ayuntamientos españoles- y que obligó a una reforma estatal del impuesto que se articuló posteriormente en 2021 a través de un Real Decreto.

A partir de ese año, el Ayuntamiento de Málaga empezó a hacer previsiones del impacto económico que la devolución de este impuesto tendría en las arcas municipales y creó un fondo de contingencia que se acompaña de reservas presupuestarias, según explicó el gerente de Gestrisam -el organismo municipal responsable de la inspección y recaudación tributaria municipal, ubicado en la Tabacalera-, José María Jaime Vázquez, durante su intervención en la Comisión de Economía de septiembre.

El gerente desgranó ante los miembros de la comisión, y contestando a una petición de comparecencia de Vox, cuánto ha devuelto ya el Consistorio y cuánto le queda por pagar por este cambio en el cobro del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU), según su nombre técnico, entre los años 2022 y 2025.

Así, en 2022 se reingresaron 8,2 millones de euros a los contribuyentes, en 2023 fueron 6,8 millones de euros y en lo que va del presente año ya se han devuelto 2,8 millones, aunque la previsión es llegar hasta los 4,2 millones al cierre de 2024. Con respecto a 2025, la previsión de gasto en la devolución de la plusvalía es de 2,1 millones de euros. Por tanto, hasta ahora se han devuelto 17,8 millones de euros aunque el Área de Economía espera que la cuantía alcance los 21,3 millones de euros.

Expedientes

Por el momento, Gestrisam ha tramitado ya 3.352 expedientes completos y quedan pendientes por resolver 5.500 expedientes que se encuentran en diferentes estados, algunos en revisión, otros pendientes de aportación de documentación que acredite la disminución patrimonial o incluso algunos casos que se están estudiando en juzgados de lo contencioso o tributario.

Con todo, José María de Jaime aseguró que el impacto en las arcas del Ayuntamiento de Málaga ha sido «menor» que en otros consistorios españoles porque «se introdujeron algunas medidas que han paliado los efectos derivados de la sentencia», indicó durante su intervención.

Esas medidas consistieron en ofrecer la posibilidad de presentar una declaración en la que se argumentase una transmisión -venta o herencia- con pérdidas, así como la opción de rectificar las declaraciones para aquellas personas que hubiesen presentado la documentación antes de la sentencia.

No obstante, el gerente de Gestrisam lamentó que los ayuntamientos se vieron obligados a trabajar con un marco jurídico «errático», «confuso» y con distintos pronunciamientos judiciales hasta que «la situación se recondujo» con la aprobación del Decreto Ley de 2021.

«Esta ley de plusvalía es una ley estatal, una ley que estaba mal construida por todos y lo estamos sufriendo los ayuntamientos, que perdemos una fuente de financiación que nos viene dada para nuestras políticas públicas», criticó el concejal de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carlos Conde, que ha pedido en numerosas ocasiones una compensación al Gobierno central por la pérdida en la recaudación que ha supuesto la reforma del impuesto.

Esta reforma fiscal supuso para el Ayuntamiento de Málaga una rebaja del 36%. El nuevo texto se aprobó en mayo de 2022, con los votos del PP, Cs y las abstenciones de PSOE y Unidas Podemos.

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