Alertan de que los centros de atención temprana de Málaga se encuentran en peligro de cierre

Los centros de atención infantil temprana (CAIT) son aquellos destinados a los niños de 0 a 6 años que tienen algún tipo de trastorno en el desarrollo o que tienen riesgo de padecerlo. Se trata de un servicio público y gratuito que se ofrece a estos niños y a sus familias. Sin embargo, muchos de estos centros concertados, tanto malagueños como andaluces, temen no poder seguir abiertos tras conocer la baja cuantía fijada por la Junta de Andalucía para licitar estos servicios.

La Consejería de Salud ha decidido mantener el precio de 28 euros por sesión en las nuevas licitaciones, lo que, según las entidades, hace “inviable” la prestación de estos servicios a los menores y sus familias. “Esos precios son insostenibles, salvo que reduzcas en calidad, pero eso no entra dentro de los conceptos de la atención temprana”, defiende Pedro Lozano, director del centro Equipo SIDI y vicepresidente de la Patronal Andaluza de Atención Temprana (APAAT), desde la que denuncian que los precios fijados en la nueva licitación no cubren los costes reales y actuales.

“Se mantiene el precio de la anterior licitación del año 2020, sin tener en cuenta ni la subida del IPC, ni la subida de los costes laborales”, critica Lozano, que recuerda que en enero también se va a aprobar un nuevo convenio para los profesionales, por lo que van a aumentar los salarios y, por tanto, los costes. “Está previsto que suba como un 12%”, alerta el vicepresidente, que reclama a la Administración que ajuste las cifras a los precios reales del mercado. “Lo que antes estaba ya muy ajustado, ahora va a estar muy muy ajustado”, advierte Lozano, que señala que en otras comunidades, como Baleares, por el mismo servicio, el precio por sesión está fijado en 43 euros. “No es que estemos un poco por debajo, sino muy por debajo”, agrega. 

Precios insostenibles

Para evidenciar la insuficiencia del presupuesto pone de ejemplo la cantidad destinada a los materiales. “El precio de material por centro se establece en 150 euros al año. Eso en un centro donde tenemos a 60 o 70 niños, no da ni para comprarle un caramelo a cada uno”, ironiza Lozano, que, como director, teme por el futuro de su centro. “Hay algunas entidades que son más grandes y hacen caja única. De manera que, si tengo una residencia o una unidad de día, pierdo en un lado y compenso en otro. Pero para los que se dedican solo a la atención temprana esos precios son insostenibles salvo que reduzcas la calidad”, argumenta Lozano, que augura que, en caso de que la licitación a 28 euros se mantuviese, “muchas no licitaríamos, porque no puedes trabajar a pérdidas”. 

En esta línea se ha manifestado también Ángela Jiménez, fisioterapeuta de un CAIT en Málaga y delegada sindical de Comisiones Obreras, que pone de ejemplo su centro, que, al ser una asociación sin ánimo de lucro, afirma que está en peligro de ir a la quiebra, o de que ni siquiera le den la licitación. “En mi opinión nos encaminamos a que los grandes se coman a los chicos”, agrega Jiménez, que insiste en que con la financiación que aporta la Junta “no da para prestar el servicio”.

Impugnar la licitación

Según los cálculos que han realizado desde APAAT, con la financiación de 28 euros pierden entre uno y dos euros por cada sesión de trabajo. “Una cifra que se iría incrementando en los próximos cinco años que dura la licitación”, explica Lozano, que señala que este escenario favorece que las entidades hagan entonces ofertas temerarias. “Si no es viable económicamente, lo que sucede es que las organizaciones que quieren ofrecer un servicio de calidad, pues no optan. Entonces, hay ofertas temerarias por parte de empresas que hacen una rebaja en la calidad”, reflexiona el vicepresidente de APAAT, que recuerda que, además, en esta nueva licitación se han aumentado las horas que salen a concurso, mientras que el precio se mantiene. “Si no hay más dinero no hagas más plazas, o hazla, pero con una remuneración justa”, sentencia. 

“La atención temprana no debe estar en la partida de gasto sino en la de inversión”

Por todo ello, desde la patronal han decidido impugnar la licitación y, según Lozano, hay otras organizaciones a nivel andaluz que también están planteándoselo. Asimismo, Jiménez advierte que, si el concierto sale adelante, seguramente haya movilizaciones próximamente. “Es la primera vez creo que entidades, trabajadores, gerentes van de la mano”, indica la representante de los trabajadores, que imagina que esta situación llevará a recortes de personal.

Consecuencias para los menores

Al final, los principales perjudicados por este conflicto serán los menores con necesidades de apoyo, ya sea por una parálisis cerebral, un trastorno del espectro autista o cualquier otro tipo de alteración del desarrollo. “Los niños llegan derivados del pediatra, se les evalúa en la Unidad de Atención Temprana y luego los derivan a los CAIT, que cuentan con un equipo básico de un psicólogo, un logopeda y un fisioterapeuta”, explica Jiménez, que insiste en las graves consecuencias que todo este conflicto tendrá para los niños, ya que, si a su CAIT no le conceden la licitación o quiebra, esos niños tendrán que ser derivados a otro, cambiar absolutamente su dinámica y comenzar de cero con otros profesionales.

“La atención temprana no debe estar en la partida de gasto sino en la de inversión. Si a un niño que tenga una discapacidad, tú le das la habilidad de comer solo, o la de vestirse, y ese niño va a mantener su discapacidad toda su vida, le voy a quitar ese cuarto de hora de una persona que le atienda durante 80 años, vistiéndole o dándole de comer”, incide Lozano, que recalca que, “por cada euro invertido en la atención temprana revierte seis euros que te ahorras de cuidadores o de recursos en el futuro”.

Málaga provincia cuenta con unos 25 y 30 centros de atención temprana, con 60 o 70 niños cada uno, y, según las estimaciones de Lozano, si el precio de 28 euros se mantiene, es probable que un tercio de ellos no quiera licitar, y otro tercio se arriesgue, “pero al cabo del tiempo quebrará”. 

Respuesta de la Consejería

Por su parte, la Consejería de Salud defiende que “los cálculos responden a los costes salariales, fundamentalmente, y en base a las tablas salariales actuales y al correspondiente incremento del IPC en los años sucesivos”. Asimismo, recuerdan que la Intervención General de Hacienda hace una fiscalización exhaustiva de las propuestas de gastos, que “en ningún caso pueden responder a nuevos convenios o a actualizaciones futuras que no estén respaldadas por resoluciones u otras disposiciones normativas”.

En este sentido, defienden que la preparación de un concierto social requiere de una previsión con mucha anticipación, “ya que son numerosos los trámites y órganos que lo supervisan, garantes de la legalidad y transparencia”. También subrayan que en el apartado de inversión en atención temprana se ha producido un incremento del 81% del gasto, en concreto, 54 millones de euros de 2024 frente a los 30 millones de 2018. Además, afirman que se ha aumentado el precio por sesión, pasando de 22 euros en 2019 a 28 euros en 2024.

Suscríbete para seguir leyendo