EL TSJA decide si mantiene la paralización de la EDAR de la Vega de Mestanza

El proyecto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Málaga Norte en la Vega de Mestanza vivió este lunes una jornada decisiva, después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA en Málaga escuchara tanto al abogado de los vecinos afectados como a la abogada de la Junta de Andalucía.

Sobre la mesa, la medida cautelar que la sala estableció el pasado viernes de paralizar el proyecto, pues el tribunal, tras escuchar a las partes, deberá decidir si continúa con ella, la levanta o la modifica.

En audiencia pública, el abogado defensor de los vecinos, Marcelino Abraira, argumentó que si el tribunal no paraliza el proyecto, las expropiaciones de tierras a los vecinos podrían producirse al día siguiente, «y si la Vega de Mestanza nos la destrozan, qué más da que nos den la razón», dijo en referencia a un futuro pronunciamiento de la Justicia.

El abogado defensor presentó además un escrito de apoyo a los vecinos del alcalde de Alhaurín El Grande, Anthony Bermúdez, uno de los cinco municipios que se verá beneficiado por la EDAR; sin embargo, el alcalde se muestra partidario de no construirla en la Vega de Mestanza.

Marcelino Abraira también informó al tribunal de la visita de un notario a la Vega tras las inundaciones provocadas por la última DANA y alertó de que la construcción de esta estación en esos terrenos, en la actual situación de cambio climático, provocará serios daños a Campanillas: «Campanillas va a quedar arrasada, va a ser como en Valencia (...) está en sus manos de que esto no pase algún día en Campanillas», advirtió.

En declaraciones a La Opinión, antes de la vista, el abogado de los vecinos consideró que el tribunal no puede levantar esta medida cautelar, cuando hay pendientes seis recursos contencioso-administrativos, además de una denuncia penal por presunta prevaricación. 

Junta de Andalucía

La abogada en representación de la Junta de Andalucía se opuso al mantenimiento de la medida cautelar al abogar por la «ponderación de intereses», dado que, argumentó, paralizar el proyecto conllevará continuar recibiendo las multas semestrales de Europa por un importe cada una de 634.000 euros, además del «perjuicio institucional»: «En qué lugar quedaría España ante la Comisión Europea», afirmó, en relación con que le ha instado a solucionar el problema de la depuración de las aguas residuales. 

Además, hizo referencia a los perjuicios que esta decisión causaría a los ayuntamientos, por las sanciones ante vertidos no autorizados. 

En otro orden de cosas, la abogada reclamó para el colectivo vecinal una fianza de 5 millones de euros, cálculo de los 4 años que podría durar el litigio, sumadas las multas semestrales. 

Por último, aportó informes que calculaban en 83.900 euros el perjuicio económico a las fincas que van a ser expropiadas, por lo que reclamó, en esa ponderación de intereses, que se impusiera el interés general del proyecto.