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Economía

Las ordenanzas fiscales de Málaga para 2025 entrarán en vigor en enero

Las normativas empiezan ahora un período de alegaciones y se deberán votar en la Comisión de Economía

La Casona del Parque.

La Casona del Parque. / L.O

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Ana I. Montañez

Ana I. Montañez

Málaga

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde hoy a las nuevas ordenanzas fiscales de Málaga, que entrarán en vigor en enero después de superar todo el trámite administrativo que queda pendiente, que contempla un período de alegaciones y su sometimiento a votación en la Comisión de Economía.

Estas ordenanzas fiscales confirman que el próximo año el Ayuntamiento de Málaga continuará con su estrategia de "moderación fiscal" de la que hace gala habitualmente el equipo de Gobierno, con la congelación de los principales impuestos municipales y nuevas bonificaciones, entre ellas, en la plusvalía y el ICIO. Eso sí, a partir del año que viene empezarán a hacerse efectivas las subidas en las tarifas que se han ido aprobando a lo largo del año, como es el recibo del agua, Parcemasa o el SARE.

Así, el próximo año se mantendrán congelados el IBI -Impuesto sobre Bienes Inmuebles-, el ICIO - Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras-, el IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas) y el IVTM -Impuesto sobre el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica- y la plusvalía municial -Impuesto de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana Municipal-.

En el caso de la plusvalía, el equipo de Economía ha anunciado una nueva bonificación del 25% para las transmisiones mortis-causa para no convivientes, es decir, para herederos que no compartían techo con el propietario del bien inmueble. Esta bonificación se aplicará en inmuebles de Málaga que tengan un valor catastral -que no de mercado- por debajo de los 150.000 euros. Esto supone incrementar la bonificación, que hasta ahora estaba fijada en el 12,5% , hasta el 25%. El impacto en la recaudación municipal será de 1,8 millones de euros y se estima que afectará a unas 8.000 familias.

No sube el autobús, sí el SARE

Tampoco subirán las tarifas de la EMT, que se mantienen con los precios fijados en 2020. Así el billete sencillo seguirá costando 1,4 euros y todas las tarjetas y abonos igual: 8,4 euros la tarjeta joven, la de estudiante y jubilado; 9,95 euros la tarjeta jubilado 10; 290 euros el abono anual de transporte y cuatro euros para la línea del aeropuerto.

Hasta finales de año se mantiene también la reducción del 50% en los abonos y tarjetas del transporte urbano, sumando el 30% que exige el Estado y un 20% adicional que asume el Ayuntamiento de Málaga.

También seguirán congeladas las tarifas de los aparcamientos públicos de rotación y el servicio de grúa en la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios (Smassa), que sigue en pleno proceso de municipalización.

No obstante, el próximo año se empezará aplicar la subida en las tarifas del SARE que se incluyen en la nueva ordenanza fiscal aprobada este año y que hasta ahora no ha hecho efectiva.

Así, la ordenanza mantiene los precios de 1 euro por hora de estacionamiento; 0,20 euros/día y 1,00 euro/semana para residentes. Del mismo modo, tal y como se especificó el año pasado sin llegar a aplicarse, se actualiza el importe mínimo por media hora de estacionamiento (de 0,30 céntimos a 0,50 céntimos); y el importe de cancelación de denuncias de 3,80 a 5,00 euros en caso de rebasar el tiempo autorizado y de 7,66 a 9,00 euros en caso de carecer de justificante. Por último, con la entrada en vigor de esta nueva ordenanza, los propietarios de vehículos eléctricos abonarán la tarifa general.

Por otro lado, se mantienen congeladas las tarifas de los quioscos aunque incluyen cambios técnicos para "mejorar su gestión y seguridad jurídica". En esta línea, se otorgarán concesiones -y no autorizaciones- por un período de 30 años, y abre la puerta a realizar otro tipo de actividades, incluyendo la recogida de paquetería y la instalación de taquillas inteligentes.

Sube el recibo del agua

Los malagueños afrontarán el próximo año la subida en el recibo del agua que se contempla en el plan de incremento gradual de las tarifas hasta 2028 que Emasa justificó por el incremento de los costes y la incorporación de nuevos servicios.

De este modo, en el segundo año de aplicación (mediados de 2025), el incremento medio en los hogares por las tarifas de abastecimiento, saneamiento y depuración será de unos 0,36 euros al mes (un 1,8%), desde los 19,38 euros al mes (sin IVA y sin el canon de la Junta de Andalucía) a los 19,74 euros.

En cuanto al resto de clientes, las comunidades de propietarios sin contadores individuales pagarán una media de 8,46 euros más por comunidad al mes en el segundo año de aplicación, 392,21 a 400,67 euros (2,2%). Por su parte, los suministros empresariales y comerciales abonarán de media 1,13 euros más al mes, de 55,3 a 56,43 (2%), mientras los suministros oficiales pagarán 6,26 euros más al mes, de 291,16 a 297,42 euros (2,2%).

Nuevas tarifas en Parcemasa

De igual forma, Parcemasa empezará a aplicar el próximo año la actualización de las tarifas que en este ejercicio no se han llegado a emplear.

"Cuando los nuevos precios estén aprobados y entren en vigor, a los distintos servicios se les aplicará un incremento medio del 5,7% respecto a las tarifas vigentes desde 2012, que de forma mayoritaria no recaen directamente sobre la ciudadanía porque el 80% de los servicios son asumidos por las compañías de seguros de decesos", recoge el Ayuntamiento de Málaga.

Rebajas en el ICIO para impulsar la VPO

Dentro del paquete fiscal se incluyen también rebajas en el ICIO para incentivar la construcción de VPO, incrementando la bonificación hasta el 90% -ahora está en el 50%- para aquellos proyectos que superen la proporción mínima legal del 30% de VPO en una promoción residencial.

También se plantea impulsar el empleo, bonificando hasta el 60% -actualmente al 40%- para construcciones, instalaciones u obas que mejoren o amplíen edificios dedicados a la actividad económica que genere empleo indefinido, así como una rebaja del 95% para fomentar infraestructuras de entidades sin fines lucrativos que tengan que realizar obras en proyectos con fines cívicos, educativos o culturales.

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