La red de oficinas bancarias en Málaga se estabiliza tras 14 años de gran ajuste

El significativo ritmo de clausura de oficinas bancarias que ha protagonizado el sector financiero desde 2008 se ha frenado este año en Málaga, reflejo de que el parque de sucursales podría estar encontrando ya una dimensión ajustada a las actuales circunstancias del negocio. El número actual de sucursales en la provincia es de 568, un nivel que permanece más o menos estable durante los últimos dos ejercicios, según los datos del Banco de España a mes de septiembre y que, incluso, repunta en relación a las 563 de mitad del pasado año, cuando se alcanzó el nivel más bajo desde 1980.

El actual panorama contrasta con la evolución de la última década y media, cuando, el ritmo de clausuras se movía entre las 40 y las 100 en Málaga cada año. Parece que el gran proceso de ajuste ya se ha acometido y que las futuras reducciones del número de oficinas (que es probable que continúen), sean más graduales.

De hecho, las entidades han clausurado desde 2008 el 60% de las oficinas que llegaron a tener desplegadas en Málaga (se superaban en aquella época las 1.400). Se cerraron así 830 en 14 años, en gran parte por la oleada de fusiones que hubo tras la crisis económica y financiera mundial que se destapó con la quiebra de la estadounidense Lehman Brothers. Fueron años donde los bancos tuvieron que aplicar una política de reducción de estructuras y gastos a través de regulaciones de empleo en sus plantillas, y que coincidió también con una época donde el uso de las nuevas tecnologías redujo el flujo de operaciones que se realizaban en las sucursales.

El sector financiero, en este caso, se mueve en un difícil equilibrio entre la búsqueda de la mayor rentabilidad y la garantía de accesibilidad del servicio que ofrecen al ciudadano. Las clausuras por parte de los bancos, pese a que puedan tener una justificación económica y operativa, generan muchísima inquietud a nivel social y el propio Gobierno y otras instituciones han mostrado su preocupación ante el riesgo de que los clientes de mayor edad y en el ámbito rural, menos habituados a realizar sus gestiones por internet, puedan verse expuestos a lo que se denomina «exclusión financiera».

«El cierre de oficinas tendrá un límite porque la banca comercial, aunque sea por cuestiones de imagen, debe siempre ofrecer una presencia física», reitera el Colegio de Economistas de Málaga, que piensa sobre todo en ese perfil de cliente de más edad, que no está tan habituado al uso de las nuevas tecnologías.

Un fenómeno creciente

El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) detalla en su último «Informe sobre Inclusión Financiera en España», que un total de 35.539 malagueños residentes en 37 localidades de Málaga carecen ya de oficina bancaria en su término municipal.

Estos municipios, que representan el 36% de los 103 que tiene Málaga, son en general de perfil rural y con un porcentaje mayoritario de población mayor de 65 años. Se trata de pueblos pequeños (la mayoría no llega a 1.000 habitantes), con lo que el porcentaje de población afectada es, de momento, un 2% de los casi 1,8 millones de personas que viven en la provincia de Málaga.

Si el análisis se amplía a localidades que no cuentan ni con oficina ni con cajero, la cifra de pueblos afectados baja a 25, con 24.234 habitantes. Y si se computa a los municipios que, además tampoco tienen ni agente financiero ni oficina móvil itinerante, el volumen cae a 16 pueblos de Málaga con unos 5.740 residentes.

Y es que los cierres han ido afectando a las oficinas de menos clientes y que reunían un menor volumen de negocio, situadas en muchos casos en pueblos pequeños. Cuando cierran las oficinas, las entidades optan en algunas localidades por dejar cajero o recurren a agentes financieros (personas externas a la entidad que se encargan de ofrecer un servicio operativo básico).

Las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc también están firmando acuerdos con Correos para garantizar a través de sus oficinas postales servicios financieros, como el ingreso o retirada de dinero a los clientes, e incluso a domicilio a través de los carteros rurales.