¿Qué hacemos con el Patrimonio arquitectónico de Málaga?

«La situación es bastante triste, el Patrimonio desaparece a pasos agigantados. Los que vienen de fuera notan un cambio a mejor; pero la pregunta es si esto es lo mejor que podíamos haber hecho», resume el arquitecto malagueño Luis Ruiz Padrón. 

La Opinión ha recogido el punto de vista de este arquitecto y otros dos expertos para conocer qué medidas se pueden tomar, mientras, año tras año, continúa el reguero de demoliciones de edificios históricos de todo tipo, desde la mitad sobreviviente de la casa natal de Antonio Cánovas del Castillo, del siglo XVIII, en 2004 o Villa Maya en 2019, símbolo de la Guerra Civil en Málaga, hasta la última demolición el mes pasado: Villa Acacia, de 1909, derruida en El Palo porque no pudo demostrarse que era la casa original de veraneo del compositor Eduardo Ocón. 

Según datos del grupo municipal Con Málaga, expuestos en la Comisión de Urbanismo de enero, desde 2004 se han demolido en Málaga 380 inmuebles históricos. ¿Todos merecían desaparecer?

Los expertos lo niegan y coinciden en reclamar medidas urgentes al Ayuntamiento de Málaga, al tiempo que piden más sensibilidad y educación patrimonial a todos los niveles; además de proponer ayudas para los propietarios.

El segundo de los consultados por La Opinión, el profesor de Historia del Arte de la UMA, Francisco Rodríguez Marín, que ha participado en la elaboración del catálogo de edificios del PGOU en un par de ocasiones, recuerda que los edificios a proteger «vienen preseleccionados por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU)»; y, en algunos casos, por la descoordinación de los departamentos dentro de la misma GMU, «estaban dando licencias de demolición y se perdieron edificios que ya estaban preseleccionados para ser protegidos».

Materia multidisciplinar

El profesor, que intervino en la última Comisión de Urbanismo de enero, a raíz de una moción de Con Málaga sobre protección de edificios, rechazada por el equipo de gobierno, subraya que el Patrimonio es una materia «multidisciplinar», algo que muchas veces no se refleja en los catálogos, y, por tanto, «un edificio puede tener valor arquitectónico; pero también urbanístico, tipológico o bien resaltar la biografía del personaje que vivió en él».

Para el experto de la UMA, en Málaga «existe todavía una concepción de que el Patrimonio es un lastre para el desarrollo económico, y que cuando se protege es como una maldición que le echan a una familia». 

Por este motivo, aboga porque el Ayuntamiento de Málaga ofrezca incentivos a los propietarios de edificios con protección arquitectónica, como la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. «Pues al que se le protege un edificio, asume la responsabilidad de mantenerlo, y veo justo que tenga algún tipo de compensación», argumenta.

Al hilo de la carga que supone para el dueño la protección, el arquitecto malagueño Antonio Díaz, el tercero de los expertos consultados, recuerda que si un propietario recupera las pinturas murales de un edificio, en el caso de que sufra pintadas, «la culpa es del propietario del edificio», que debe correr con todos los gastos para retirarlas. El arquitecto señala que se podía o bien establecer una ayuda, o bien tener «un mayor control» con el vandalismo.

En la misma línea, quiere llamar la atención sobre el «sobrecoste» que lleva consigo recuperar un edificio en Málaga, porque el inversor o propietario está siendo «hipermaltratado» por la administración pública. «Vienen dispuestos a salvaguardar el Patrimonio; pero no pueden estar cinco años esperando un informe», pone de ejemplo. 

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Antonio Díaz recuerda, a este respecto, que el Centro y una parte de Málaga Este fueron declaradas en 2012 BIC, en la categoría de Conjunto Histórico, y que, en estos casos, la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía da dos años de plazo a los consistorios para adecuar el planeamiento urbanístico a las necesidades de estos bienes, algo que el Ayuntamiento de Málaga todavía no ha hecho.

El incumplimiento municipal de la ley autonómica provoca que la Junta tenga que asumir más competencias y «haya una barbaridad de expedientes ‘estúpidos’, en los que Cultura -pone de ejemplo- debe examinar la ampliación de un garaje» y se produce retraso.

Un nuevo PEPRI Centro

Por su parte, Luis Ruiz Padrón destaca cómo, ya en 2003, cuando la GMU convocó a un grupo de jóvenes arquitectos -entre los que estaban él y Antonio Díaz- para sondearlos, propusieron «renovar el PEPRI Centro, que es del 89, renovar el catálogo de edificios protegidos y hacer un planteamiento de protección del Centro en general». 

Han pasado 21 años de esa recomendación y la ciudad sigue con este plan para el Centro Histórico de finales de los 80. 

«El PEPRI del 89 fue una herramienta maravillosa, porque veníamos de que era mejor arrasarlo todo, pero se hizo con poca capacidad y además, con una protección catastral: ‘Esta casa sí, esta no’, cuando el entorno también tiene un valor; falta un valor de conjunto», argumenta Antonio Díaz, que también avisa de que, ni siquiera el patrimonio protegido es garantía «de que va a perdurar», como pasó con el palacete de los condes de Benahavís, con protección y luego desprotegido para demolerlo y poder dejar sitio al polémico hotel de Rafael Moneo. 

Catálogo de Edificios

Francisco Rodríguez Marín insiste por su parte en la necesidad de ampliar el Catálogo de Edificios Protegidos del PGOU, aunque lamenta que el trabajo de actualización se pague con unas tarifas tan exiguas, lo que ha motivado que el Colegio de Arquitectos y el Ayuntamiento terminaran en juicio que ganó el Consistorio; aunque la oferta de un estudio de Granada para hacer la actualización, finalmente no salió adelante: el estudio desistió ante unos precios tan bajos, apunta Antonio Díaz. 

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El profesor del UMA reitera la necesidad de ampliar la noción de Patrimonio en el catálogo, de tal forma que se incluya el «valor tipológico», lo que implicaría proteger, por ejemplo, viviendas modestas del XIX en el Centro, pero que «contextualizadas tienen una unidad estilística» o las villas de Málaga Este. 

Además, los tres expertos apoyan la inclusión de la arquitectura contemporánea, sin que la protección tenga un límite cronológico. «Todo es Patrimonio, es decir, todo lo valioso, da igual la época de la que proceda», señala Luis Ruiz Padrón.

Francisco Rodríguez Marín, por último, cree que es necesario que aumente la sensibilidad por el Patrimonio a todos los niveles, al tiempo que reconoce que «falta educación patrimonial en la población».

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes municipales respondieron a los expertos que sí tiene previsto el Consistorio actualizar el PEPRI Centro. Con respecto a la actualización de los edificios protegidos del PGOU, recordaron que el servicio «quedó paralizado por un recurso» y, ahora mismo, el GMU «está trabajando para volver a sacar la licitación». Además, informaron de que, a través del pleno, se han propuesto incorporar al catálogo 28 edificios «y próximamente incluiremos 16 de esos 28, que serán aprobados por la Junta de Gobierno Local». 

Entre esos 28 inmuebles, propuestos en 2021 por la Junta de Gobierno Local, estaban Villa Acacia y Villa Atalaya, en el Camino Nuevo, casas finalmente echadas abajo.

Con respecto al catálogo futuro estas fuentes señalaron que les gustaría contar «con la visión y experiencia de estos profesionales, en el grupo de trabajo para la actualización del PGOU junto al Colegio de Arquitectos y otras instituciones».

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Además, han destacado «el gran esfuerzo inversor del Ayuntamiento en cuestión de rehabilitación del Patrimonio de la ciudad», con 68 millones de euros desde 2000 en subvenciones y cerca de 600 actuaciones «para rehabilitar edificios públicos y privados de la ciudad de gran valor patrimonial».

Por último, hicieron hincapié en que en el actual PEPRI Centro hay 772 edificios con protección arquitectónica y 69 con protección integral; en los Planes Especiales de Protección del Perchel Sur, San Telmo, Conde de Ureña y Falda del Seminario, 67 inmuebles protegidos y en que el catálogo de edificios protegidos del PGOU cuenta con 267 inmuebles.

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