Congreso de los Diputados

PSOE y PP tumban la petición de desvelar los implicados en la muerte de García Caparrós

Sumar había pedido consultar íntegros los documentos relativos a la investigación que se llevó a cabo en su día sobre el asesinato del joven malagueño en una manifestación en 1977

Un hombre porta una foto de García Caparrós.

Un hombre porta una foto de García Caparrós. / ÁLEX ZEA

EP

El PSOE y el PP unieron sus votos ayer en la Mesa del Congreso y rechazaron la petición registrada por Sumar para poder consultar íntegros los documentos relativos a la investigación que en su día realizó la Cámara sobre el asesinato del malagueño Manuel José García Caparrós en 1977. El Congreso ya permitió a IU en 2017 el acceso a esa documentación, pero ocultando los nombres de los implicados que Sumar exigía ahora conocer.

Según fuentes parlamentarias, los dos partidos mayoritarios han tomado esta decisión basándose en un informe solicitado por la propia Mesa a raíz de la petición registrada por Sumar el 4 de diciembre, coincidiendo con el 47 aniversario del asesinato del joven en Málaga, durante una manifestación en apoyo a la autonomía andaluza.

En concreto, todos los diputados andaluces del grupo plurinacional solicitaron a la Mesa del Congreso que desclasificara y permitiera el acceso a toda la documentación sobre este asunto, y en concreto aquella que se obtuviera en el desarrollo de la investigación abierta en la Cámara, especificando que quería consultar esos documentos «sin anonimizar nombres propios».

La Mesa solicitó un informe a la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo, que concluyó que, aún en el caso de que la Mesa levantara el secreto sobre esos papeles, correspondería aplicar la Ley de Patrimonio Histórico Españoles y el decreto de 2011 de regulación del Sistema de Archivos de la Administración General del Estado. Y, según esta normativa, los documentos de antigüedad inferior a 50 años que contengan datos de carácter personal sólo pueden consultarse, sin necesidad de conocimiento de sus titulares, tras «la oportuna disociación de los datos de modo que se impida la identificación de las personas afectadas». Sumar apelaba en su solicitud a la Ley de Memoria Democrática.

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