Málaga registra 318 agresiones a profesionales del SAS durante el 2024

Las agresiones a los profesionales sanitarios es un problema al alza y así lo demuestran los datos, que reflejan que durante el año 2024 estos ataques aumentaron un 19% en Andalucía, donde se registraron un total de 1.866 agresiones, entre físicas y verbales, a profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Son las cifras que ha dado a conocer este jueves el SAS durante la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales y que evidencian que estas agresiones también se han incrementado en Málaga. En concreto, según el Registro Informático de Agresiones de Centros (RIAC), el año pasado se registraron en la provincia 318 ataques, de los cuales 69 fueron físicos y 249 verbales. Esto supone un 14% más agresiones que en el año 2023 y casi una nueva agresión por día.

Málaga se sitúa así como la tercera provincia de Andalucía con mayor número de ataques violentos a profesionales del SAS, por detrás de Sevilla (101 físicas y 378 no físicas) y Cádiz (61 físicas y 282 no físicas). En el resto de provincia se registraron 194 agresiones en Granada, 162 en Córdoba, 161 en Almería, 144 en Jaén y 66 en Huelva. 

Más ataques a mujeres y Atención Primaria

Del total de agresiones registradas en Andalucía (1.866), 1.504 fueron verbales y un total de 362 fueron físicas, es decir, un 19,5% del total. Diferenciando por centros sanitarios, el 47,48% de estos actos violentos ocurrieron en hospitales y el 52,52% en centros de Atención Primaria. 

Por sexos, los datos evidencian que las mujeres son las más agredidas (el 72,45% del total) y que, por perfil profesional, casi el 80% de agresiones son contra el personal sanitario, principalmente profesionales de la medicina y la enfermería.

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Desde la Consejería de Salud destacan que, siguiendo lo establecido en el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, los supuestos de violencia física o amenazas graves provocadas por pacientes psiquiátricos o con deterioro cognitivo se considerarán como agresión. No obstante, también puntualizan que se ha establecido un sistema para que puedan filtrarse y recibir un tratamiento diferenciado, tanto en el registro como en las actuaciones posteriores que se lleven a cabo. 

De manera que, del total de agresiones registradas, más del 20% (20,3%) son cometidas por personas con problemas de salud mental o deterioro cognitivo, un porcentaje que asciende al 51,6% cuando se trata de agresiones físicas. 

Medidas de prevención

En cuanto a las actuaciones preventivas que se están llevando a cabo para tratar de frenar esta espiral de violencia, desde el SAS subrayan que las medidas de seguridad se están implementando en los centros sanitarios públicos andaluces.

Actualmente, cuentan con más de 53.700 dispositivos de seguridad de distinto tipo, entre los que destacan: más de 4.400 cámaras de seguridad, más de 35.000 dispositivos de aviso en consultas y más de 7.500 alarmas individuales. “Un nuevo dispositivo que parece ejercer un efecto disuasorio hacia el agresor y una mayor rapidez de actuación entre compañeros y vigilantes de seguridad”, según detallan en un comunicado. 

Por otro lado, resaltan que el Plan habilita también canales ágiles y rápidos para que la persona que sufre una agresión, ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de ser agredida. Además, se facilita atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y asesoría jurídica para quien decide denunciar.

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94 sentencias condenatorias

Cabe señalar que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública es considerada delito de atentado por los tribunales de justicia. A raíz de ello, durante 2024 los letrados del SAS realizaron 197 asistencias, logrando 94 sentencias condenatorias, 34 de ellas tipificadas como delito de atentado. En cuanto a las sentencias, indican que las penas oscilan entre los 12 meses y los 3 años de prisión.

“Desde la Consejería de Salud y Consumo y el SAS se condena cualquier tipo de agresión, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario”, afirman en el comunicado, en el que informan de que están trabajando en el Proyecto de Decreto por el que se crea y regula el Observatorio de agresiones a las personas profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, el cual ha finalizado el trámite de Información Pública, Audiencia e Informes.

Asimismo, apuntan que están preparando también un régimen sancionador que se integrará en la próxima Ley de Salud. En este sentido, aclaran que la nueva normativa, en consonancia con la condición de autoridad pública del personal sanitario, recogerá un régimen de infracciones y sanciones frente a agresiones en el ámbito sanitario.