Estos son los mayores atentados contra el suelo que el Seprona detecta en Málaga

Construcción ilegal de viviendas unifamiliares en suelo rústico, en algunos casos en espacios protegidos; instalación irregular de casas prefabricadas con fines residenciales; construcción de piscinas enmascaradas como albercas de riego; la construcción de barbacoas con fines recreativos sin justificación; o la construcción de naves de aperos y su posterior cambio de uso en una vivienda residencial... Estas son algunas de las infracciones que atentan contra el suelo que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Málaga detectó a lo largo del año pasado en la operación Murus, cuyo objetivo es proteger el medio ambiente, el patrimonio histórico-artístico y el paisaje, así como para garantizar un desarrollo urbanístico sostenible y equilibrado en la provincia.

Según ha informado hoy la Comandancia de Málaga, estos trabajos, coordinados con la Fiscalía de Medio Ambiente, han supuesto la investigación a 60 personas por delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo. Entre los investigados se encuentran promotores, constructores y técnicos directores, ya sea por supuestos delitos contra la ordenación del territorio o por su implicación en la ejecución de obras no legalizables en suelo rústico en varios municipios. En total, los investigadores del Seprona observaron la supuesta comisión de 58 delitos urbanísticos, cuyas diligencias ya han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente.

166 inspecciones

La Comandancia de Málaga ha detallado que en total han realizado 166 inspecciones en todas las comarcas de la provincia, especialmente en Málaga capital, Mijas, AntequeraTorroxRincón de la Victoria, Coín, Cortes de la Frontera, EsteponaMarbella, Ronda, Nerja y Vélez-Málaga. En total se detectaron 254 infracciones administrativas, "principalmente por carecer de licencia urbanística, no ajustarse al proyecto y/o a la licencia, movimiento de tierras, etc.". Todas las denuncias han sido remitidas a los respectivos ayuntamientos, quienes ostentan las competencias en materia territorial y urbanística y para la realización de los expedientes sancionadores, han explicado en un comunicado.

Durante la investigación se ha contado con la colaboración de los Servicios de Inspección de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, así como de los Servicios Técnicos de los ayuntamientos implicados, los cuales han certificado la clasificación de los suelos y la ilegalidad de las construcciones y edificaciones.