Andalucía adelanta medidas urgentes para construir 20.000 viviendas protegidas en cinco años

La Junta de Andalucía ha dado luz verde hoy al real decreto ley que adelanta las medidas más urgentes del 'plan de choque' anunciado por Juanma Moreno para poner soluciones al problema de la crisis habitacional, con independencia de la tramitación de la futura Ley de Vivienda, que sigue adelante.

El objetivo de estas medidas que el Gobierno andaluz ha adelantado hoy es construir 20.000 viviendas en cinco años en la comunidad autónoma, con una inversión global de de 1.860 millones de euros y un volumen de subvenciones de 272,3 millones que se concederán a lo largo de ese lustro para impulsar la construcción de vivienda asequible y protegida.

El Gobierno andaluz ha sacado pecho de su propia receta para atajar el déficit de vivienda frente a la Ley estatal de Vivienda, que según la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha traído el "colapso" al mercado y ha generado "inseguridad y desconfianza" entre los propietarios de inmuebles.

La primera medida anunciada está orientada a solucionar la falta de suelo disponible mediante la autorización expresa de la Junta para emplear parcelas destinadas a usos turísticos o de oficina a la construcción de vivienda protegida, al igual que aquellas parcelas dotacionales públicas o privadas sin destino específico, exceptuando aquellas que tengan un uso educativo o sanitario.

"Esta compatibilidad se podrá aplicar, sin necesidad de modificar los instrumentos de planeamiento, cuando las parcelas de equipamiento no tengan uso específico o estén calificadas con el uso genérico de interés público y social", detalla la Junta.

Ayuntamientos

La consejera de Fomento ha recalcado que los ayuntamientos andaluces desempeñarán un "papel clave" en la planificación urbanística, por lo que se les dotará de "herramientas necesarias para utilizar todo el suelo disponible vacante" y que este se destine a uso residencial "con garantías jurídicas".

También se propone un incremento de la densidad y la edificabilidad, en concreto del 20% en parcelas de vivienda libre. En parcelas de vivienda protegida se podrá aumentar un 20% la densidad y un 10% la edificabilidad aunque, eso sí, los promotores se tendrán que ajustar a unos plazos concretos: dos años para solicitar licencia y tres años para acabar las obras.

Para aplicar estas medidas, los ayuntamientos deberán sacar adelante un acuerdo de pleno en un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del decreto ley, que lo hará al día siguiente de su publicación en el BOJA.

Bolsas de suelo para vivienda asequible

Díaz ha anunciado también la creación de una bolsa de suelo para vivenda asequible, que persigue ofrecer "mayor transparencia sobre los suelos disponibles y reforzará la colaboración público privada en la construcción de VPO".

Para ello, en una primera fase se incorporarán los municipios de más de 100.000 habitantes, que tendrán tres meses para aportar la información necesaria, que incluye los suelos de vivienda protegida que tienen en reserva y las parcelas más susceptibles de acoger este tipo de vivienda. Además, tendrán otros seis meses para la publicación de la bolsa. Posteriormente se sumarán el resto de municipios andaluces.

"En paralelo, el promotor dispondrá un sistema ágil de convocatoria para selección de adjudicatarios de vivienda protegida, que se suma al registro de demandantes. Este sistema permite comenzar la precomercialización en caso de venta, para el acceso de los promotores a la financiación. Los ayuntamientos tendrán las competencias para desarrollar y simplificar más este procedimiento".

También se incluye un "procedimiento más abreviado" para seleccionar a los adjudicatarios de vivienda, que se organizará en torno a convocatorias específicas con el objetivo de que "sea más rápida esa adjudicación".

Por otro lado, la consejera ha destacado que Andalucía será la primera comunidad autónoma en concretar la aplicación de los nuevos fondos Next Generation reembolsables a través del acuerdo entre el ministerio y el ICO, para facilitar la construcción de vivienda asequible.

Aceleradora de proyectos

Plantean también la posibilidad de incluir proyectos estratégicos en la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) para reducir "a la mitad" los plazos de construcción. Esos proyectos deberán contemplar la construcción de al menos 250 VPO o 500 viviendas con la reserva legal de vivienda protegida. Eso sí, el ayuntamiento pertinente deberá declarar previamente la urgencia de la actuación.

Y sobre los límites de ingreso para acceder a una VPO, Andalucía lo amplía a 5,5 veces el IPREM para viviendas en régimen general y hasta 7 veces para viviendas de precio limitado. Junto a esta medida, se revisan también los coeficientes que determinan los precios máximos de vivienda protegida, creando dos grandes grupos.

En el primero se incluyen capitales de provincia, municipios donde la diferencia entre vivienda protegida y libre es de menos del 25%, los municipios que dan continuidad a los tejidos urbanos, aquellos que tienen una demanda excepcional de vivienda y los que tienen condiciones excepcionales de actividad económica. En un segundo grupo, se incluyen el resto de municipios andaluces.

"Es una de las leyes más esperadas, viene en forma de decreto para agilizarla y atender uno de los principales problemas que teemos en Andalucía y toda España", ha recalcado la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España. "Ha sido una norma muy trabajada con toda las consejerías, otras administraciones y con el sector, que huye de la ideología, que no se trata de despachar los problemas importantes con un titular sino de darle una solución real".