La Intervención del Ayuntamiento de Málaga advierte a Urbanismo de un uso indebido de los contratos menores

Un informe de control financiero elaborado por la Intervención del Ayuntamiento de Málaga advierte a la Gerencia de Urbanismo de un uso indebido de los contratos menores.

En el documento, consultado por este periódico, se detectan «incumplimientos» en el uso de estos contratos, que no pueden tener una duración superior a un año ni ser prorrogables, y deben tener un valor estimado inferior a 40.000 euros para contratos de obras, o a 15.000 euros para suministro o servicios, según se recoge en la Ley de Contratos del Sector Público.

Esta misma norma permite que los contratos menores puedan adjudicarse «directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación», lo que supone una menor exigencia de publicidad de la licitación.

En todos los expedientes analizados, la Intervención señala que «no queda justificado motivadamente» el procedimiento de adjudicación escogido y advierte de expedientes en los que se optó por el contrato menor cuando «no es el procedimiento adecuado dada la naturaleza y extensión de las necesidades que se pretendieron cubrir», además de detectar un caso de fraccionamiento del contrato.

Procedimiento «abierto»

«En cualquiera de los casos, se debería haber tramitado mediante un procedimiento abierto con arreglo a los principios básicos de libre competencia, publicidad y transparencia cuyo cumplimiento exige la Ley de Contratación del Sector Público», recoge este documento -que analiza una muestra de expedientes de 2023 dentro del Plan Anual de Control Financiero de 2024-, que también abunda en otra serie de apreciaciones sobre los contratos no menores.

A modo de recomendaciones, la Intervención afirma que «para satisfacer el principio básico de competencia», para los contratos menores se deben solicitar al menos tres presupuestos, en la medida de lo posible, salvo que se justifique que dicho trámite no contribuye al fomento del citado principio, o dificulte, impida o suponga un obstáculo para cubrir de forma inmediata las necesidades que en cada caso motiven el contrato menor».