Agricultura
El campo en Málaga, un año tras el colapso: «Aún quedan cosas por conseguir»
Tras salir a la calle para denunciar la crítica situación del sector, los agricultores admiten avances pero también desafíos como lograr precios justos para productos como el cereal y medidas para afrontar el cambio climático

Los tractores colapsaron el centro de la ciudad hace un año. / álex zea

Hace un año, el centro de Málaga quedó colapsado por las protestas de los agricultores, quienes denunciaban la crítica situación del sector primario. Hoy, el campo hace balance de los avances logrados y de los problemas que continúan afectando a los productores.
A pesar de algunos logros, «aún quedan cosas por conseguir». La lucha por precios justos, la regulación del mercado y la adaptación al cambio climático siguen siendo temas pendientes para los agricultores malagueños.
Francisco Moscoso, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), analiza la situación actual del sector y destaca los principales desafíos que siguen enfrentando los agricultores, especialmente en la cosecha del cereal: «Los cereales valen muy poco, los precios son irrisorios. El coste de los abonos, los fitosanitarios, el tema eléctrico... los costes superan la producción. A esto se suma la sequía», explica Moscoso. En la provincia de Málaga, el cereal se siembra principalmente en el Guadalhorce, Ronda y la Vega de Antequera.
Guerra en Ucrania
Otro factor que ha impactado al sector es la guerra en Ucrania, que afecta desde hace tres años a la comercialización del cereal local: «Hizo impacto en todo el cereal. Entra desde fuera y nos hace daño, el nuestro no lo vendemos y se queda», afirma. Este problema, según los productores, se ha visto agravado por la falta de regulación del mercado y la falta de apoyo institucional. Así, reclaman que se implementen medidas para proteger la producción local.

Protesta de agricultores en Málaga arrojando limones a la calle. | ÁLEX ZEA
Mejoras conseguidas
Respecto a las condiciones generales del campo, Moscoso señala que algunas mejoras se han conseguido tras las protestas: «Salimos cuando tuvimos que salir, tuvimos que dialogar y se firmaron con el Gobierno 43 medidas que nos han venido bien». Sin embargo, muchos problemas persisten y los agricultores siguen enfrentando desafíos significativos. A pesar de las promesas y compromisos adquiridos, la aplicación de las medidas no ha sido uniforme, y en algunas zonas los agricultores siguen sin notar mejoras tangibles.
Uno de los puntos críticos en 2024 fue el precio del limón y la caída de su producción. «El precio del limón ha mejorado, se vende, pero lo principal es que los agricultores de los cítricos deben firmar contratos con cooperativas y particulares. Si no firmas, estás expuesto a que te paguen lo que quieran», advierte. Esto ha provocado que muchos pequeños productores se vean obligados a vender por debajo del precio de coste o incluso a abandonar sus cultivos, lo que podría afectar a la producción futura de la región.
Ayudas insuficientes
Por otro lado, los fenómenos climáticos extremos, como las DANA, han tenido un doble impacto en la agricultura: «Han aliviado los pantanos, pero han provocado destrozos, sobre todo en el campo. La Subdelegación dio ayudas y se han arreglado caminos y fincas públicas, pero en las privadas, no, especialmente en el Guadalhorce y la Axarquía». Las ayudas estatales y autonómicas han sido insuficientes para muchos agricultores, quienes han tenido que asumir los costes de las reparaciones de sus propias explotaciones.
Moscoso también hace un llamamiento a las instituciones para que actúen ante el cambio climático: «Las instituciones deben estar preparadas para el cambio climático, no pueden tirarse la pelota unas a otras». La adaptación a un clima más extremo y la implementación de políticas de sostenibilidad serán claves para garantizar la viabilidad del sector agrícola en los próximos años.
La situación actual deja claro que, aunque se han dado pasos importantes, el futuro del sector agrario depende de un compromiso real por parte de las instituciones y de una regulación efectiva que garantice la sostenibilidad y rentabilidad de la agricultura en la región.
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