Huelga indefinida de inspectores de pesca en Málaga: «No es un trabajo de oficina»

El cuerpo de inspectores de pesca del Estado iniciaron el pasado 3 de marzo una huelga indefinida para reclamar al Gobierno, por encima de todo, que reconozca la peligrosidad del trabajo que desempeñan tanto por tierra, por mar como por aire.

En el caso de la provincia de Málaga hay seis profesionales dedicados a la inspección pesquera, cubriendo no solo el litoral malagueño sino también la costa granadina, desde Estepona hasta Motril.

Estos seis inspectores se mantienen en servicios mínimos desde que empezó el paro nacional para reclamar mejoras en las condiciones laborales de una profesión que exige a estos funcionarios desenvolverse en situaciones de riesgo , como es saltar del muelle a un barco, realizar abordajes de un buque a otro en marcha o vigilar a bordo de un helicóptero durante las inspecciones marítimas.

Una labor en la que, insisten, están muy expuestos sufrir accidentes «de graves consecuencias», además de afrontar situaciones de acoso y amenazas cuando ejercen su labor inspectora.

«Esto no es un trabajo de oficina, es un trabajo de campo, y estamos aquí porque nos gusta nuestro trabajo y luchamos por que la pesca sea legal y no se esquilmen los caladeros. Luchamos por el bien de todos y todo eso no se hace con un horario preestablecido, necesitamos una disponibilidad horaria para hacer las cosas bien y eso se tiene que pagar», explica a este periódico la inspectora de pesca Natalia Cortés.

Por ello, la Asociación Profesional de Inspectores de Pesca que, junto con los sindicatos CCOO y ELA, iniciaron hace ya tres semanas un paro a nivel nacional para reclamar soluciones a los dos ministerios implicados en la inspección pesquera, Agricultura, Pesca y Alimentación junto al de Política Territorial.

Reclamaciones

Comisiones Obreras sostiene que los trabajadores de este cuerpo se sienten «menospreciados» e «ignorados» por el Gobierno, al que acusan de permitir diferencias tanto en las condiciones laborales como retributivas con otros colectivos como son los funcionarios de los Puestos de Control Fronterizo, de Sanidad Animal, de Sanidad Vegetal o de Aduanas.

Entre las reclamaciones de estos profesionales destaca el reconocimiento de la inspección de Pesca como profesión de riesgo, un incremento de los complementos de destino y un reconocimiento en el complemento específico «acorde con la peligrosidad y penosidad» de sus tareas, así como un nuevo complemento que reconozca la disponibilidad horaria que exige su labor, además de que se garanticen las medidas de seguridad necesarias en el día a día y una formación adecuada para los inspectores.

En un balance ofrecido a los medios de comunicación esta semana, la presidenta de la Asociación de Inspectores Pesqueros (Apipes), Ludi Rueda, declaró a Efe que el paro «sigue adelante» sin fecha de finalización, a la espera de que la Administración se reúna con los representantes de estos profesionales.

Asimismo, la asociación cifró en el 60% el seguimiento en la periferia -esto es, los puertos españoles- y el 30% en Madrid, además de subrayar que en los puertos ha caído el control desde que comenzó la huelga, con una bajada de actas del 60% respecto a la misma época de 2024, en plena costera de la anchoa y de la caballa del Cantábrico.

Después de tres semanas, entre las consecuencias destaca la alteración de la actividad del engorde del atún rojo, porque en el caso de esta pesquería la normativa exige que los movimientos estén controlados por inspectores, un cuerpo que a nivel nacional suma 170 efectivos, entre los que están destinados en los puertos pesqueros como los que están establecidos en Madrid