Luz verde a un contrato de 37,3 millones para conservar 122 km de carreteras en Málaga

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes a licitar por 37,3 millones de euros (IVA no incluido) un contrato para la conservación y explotación de 122 kilómetros de carreteras de titularidad estatal en la provincia de Málaga, de los que 104,8 kilómetros son de autovía.

El contrato abarca varios tramos de las autovías A-7, MA-20, MA-22 y MA-23, en el entorno de la capital malagueña, e incluye una actuación especial para rehabilitar 26,9 kilómetros de firme en la A-7 entre Estepona y el límite provincial con Cádiz, según ha detallado Transportes en un comunicado.

Autovías A-7, MA-20, MA-22 y MA-23

En la autovía A-7 se actuará en un total de 97 kilómetros, desde la zona norte de la ciudad de Málaga (km 983) a Torremolinos (km 1.000); entre Los Boliches en Fuengirola (1.013) y Chaparral en Mijas (km 1.022), y entre Marbella (km 1.040) y el límite con Cádiz (km 1.087).

En la MA-20, se llevarán a cabo trabajos en varios tramos, entre Torremolinos (kilómetro 0) y Málaga (km 12).

Por su parte, en la MA-22 se actuará entre los kilómetros 0 y 4,400, en la zona suroeste de Málaga, y en la MA-23, en un tramo de 1,5 kilómetros a la altura de Guadalmar-San Julián, también en la capital.

Además se incluye una actuación especial para la rehabilitación de 26,9 kilómetros del firme entre la localidad de Estepona y el límite provincial con Cádiz (del km 1.060,400 al 1.087,300).

La duración del contrato es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses. Recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

Se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado y se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)