Cae en Málaga una trama acusada de expoliar 100 millones al Grupo Vera durante su proceso concursal

La Policía Nacional ha desarticulado en Málaga una trama acusada de expoliar más de 100 millones de euros de la masa activa concursada al Grupo Vera, una de las referecias del sector de la construcción de la provincia. Dicha trama estaría coliderada por el exdirector financiero del grupo y el administrador concursal designado por un juzgado de lo Mercantil durante el concurso de acreedores. Según la Comisaría Provincial, esto habría provocado "un grave quebranto económico de las compañías acreedoras, incluida la Hacienda Pública, que vieron frustradas sus legítimas expectativas de cobro".

La investigación, adelantada por El Confidencial, ha culminado con la detención de siete personas, entre ellas el exresponsable contable y varios de sus familiares, el administrador concursal y un proveedor de servicios y su pareja sentimental, atribuyéndoles en función de su implicación los delitos de insolvencia punible, apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Los agentes han efectuado cuatro registros en la provincia: dos en la capital, uno en Marbella y en Casarabonela. En el domicilio del administrador concursal se intervinieron 426.000 euros en efectivo, si bien en esta fase también se incautaron de un coche de alta gama y joyas por valor de 350.000 euros. Se bloquearon activos financieros por valor de 2,5 millones de euros y se decretó también la prohibición de disposición y enajenación de 173 inmuebles y 13 vehículos, valorados en 143 millones.

La investigación revela que los bienes más preciados del grupo eran dirigidos hacia empresas gestionadas por la organización criminal

Trama iniciada en 2017

La investigación, realizada por agentes adscritos al Grupo II de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Comisaría Provincial, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga y la Fiscalía de la Sección de Delitos Económicos, comenzó en septiembre del año 2023 a partir de una denuncia interpuesta ante la autoridad judicial. Las pesquisas han revelado que la trama inició su actividad en 2017, cuando entraron en concurso de acreedores las sociedades de un conocido grupo de la construcción en la provincia, perdurando en el tiempo durante los años en que se llevó a cabo la liquidación de los bienes.

A lo largo de la investigación, los agentes detectacton numerosas operaciones mercantiles con las que el administrador concursal, "actuando contra los intereses legítimos de las empresas acreedoras y faltando al mínimo deber de diligencia, enajenó multitud de bienes propiedad de las empresas concursadas a miembros del entramado criminal a precios de venta muy alejados del precio de mercado", según la Policía Nacional, que ha puesto como ejemplo la venta de plazas de aparcamiento por 1.500 euros en barrios residenciales de la capital como Teatinos o la venta de 14 viviendas en construcción en Estepona por apenas 70.000 euros. La versión policial añade que "dispuso de activos de las sociedades en liquidación fuera de los cauces concursales en condiciones de venta muy favorables para la organización" y que "imposibilitó la adquisición de activos por terceros de buena fe interesados en los mismos, ocultando y manipulando información con objeto de esconder la actividad delictiva llevada a cabo".

Información privilegiada

Los agentes consideran demostrada "la acción conjunta y connivente" con el exdirector financiero del grupo empresarial, el cual "partía con información privilegiada sobre los activos de gran valor propiedad de las empresas concursadas, aprovechando su situación para dirigir los bienes más preciados hacia empresas gestionadas por la organización criminal". Para lograr su objetivo, los sospechosos habían creado "un entramado paralelo" de compañías que figuraban a nombre de familiares de los principales investigados. Estas nuevas empresas eran utilizadas como instrumento para realizar actos fraudulentos encaminados a convertir a sus integrantes en los grandes beneficiarios de la masa de activos que poseían las sociedades en liquidación, han explicado en un comunicado.

La Policía Nacional asegura haber constatado numerosas operaciones que escondían fondos desviados de las sociedades concursadas a las recién creadas por la organización "por supuestos servicios prestados y bajo el falso concepto de facturas”, que en la práctica suponían el ingreso de un dinero que destinaban a la compra de activos de los concursos: bienes inmuebles, derechos de cobro de entidades públicas pendientes de cobro, créditos, entre otros. "Dicho de otra manera, los activos del entramado fueron pagados por las propias concursadas, lo que supuso un doble perjuicio a los legítimos acreedores", han indicado.

Deudas

Finalmente, el concurso finalizaba sin poder hacer frente a las deudas que pesaban sobre las sociedades del grupo empresarial, aún contando con un patrimonio millonario, valorado en el plan de liquidación y presentado por el administrador concursal en 200 millones de euros. "De la investigación llevada a cabo se acreditó que la organización directamente se lucró de manera ilícita de bienes propiedad de las empresas concursadas valorados en más de 100 millones de euros, imposibilitando las legítimas expectativas de cobro de la mayoría de acreedores", han concluido. 

"Sorpresa" en los círculos empresariales y en la familia Vera

La noticia ha causado un notable estupor en los círculos empresariales de Málaga. Fuentes de la familia Vera consultadas por este periódico han manifestado su "absoluta sorpresa" y su "total desconocimiento" de la investigación policial. Vera presentó en 2017 su solicitud de liquidación por su difícil situación económica y, desde entonces, el proceso fue llevado por el administrador concursal designado por el juzgado. Otras voces del sector constructor malagueño han coincidido en señalar a La Opinión su "asombro" ante lo conocido.