Denuncia
Demanda millonaria por los derechos de autor del cantante Enrique Lozano
La familia del artista malagueño denuncia a la SGAE y a Sony Music por no recibir derechos de una canción de 1985, disco de oro y doble platino en EEUU

Enrique Lozano, antiguo líder de ‘Los Iberos’, a finales 2016 en las oficinas de la SGAE en Madrid, un mes antes de fallecer. / ARCHIVO FAMILIAR

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga ha admitido la demanda de los herederos del cantante malagueño Enrique Lozano (1940-2017), líder del grupo ‘Los Iberos’, por la que reclaman una cantidad millonaria por daños y perjuicios, tanto a la Sociedad General de Autores de España (SGAE) como a tres filiales de la multinacional Sony Music.
Como informó La Opinión, se trata del segundo intento de la familia por hacer valer los derechos del cantante, después de una primera denuncia ante un juzgado de Instrucción número 5 de Málaga, en 2017, archivada por entender que los hechos eran constitutivos de una reclamación civil.
El motivo de la actual demanda son los derechos de autor supuestamente no percibidos por la canción ‘Todas las noches quiero’, compuesta por el artista malagueño y registrada en la SGAE el 16 de mayo de 1985.
Como explica la demanda, en sus últimos meses de vida, Enrique Lozano descubrió que su canción se había incluido, sin su conocimiento ni permiso, en el disco de 1987 de la CBS (hoy Sony Music) ‘Laberinto de amor’, grabado en Madrid por la cantante portorriqueña Yolandita Monge.
Esta obra fue «disco de oro y doble platino en EEUU» y de ella se vendieron «millones de discos de ‘Laberinto de amor’, según su perfil oficial en redes sociales», detalla la demanda. Además, fue nominada a los Grammy latinos y según la revista de música ‘Billboard’, Yolandita Monge fue «la artista latina más vendida del año».

Enrique Lozano, en su casa de Málaga. / Gregorio Torres.
Los herederos, que también comprobaron que el disco se distribuyó en Argentina y Venezuela, denuncian que Enrique Lozano no recibió ni un céntimo por su canción, incluida en este éxito de ventas de 1987 ni por las giras de la artista, por lo que se habría vulnerado la propiedad intelectual.
Al parecer, sí habría recibido derechos de autor por un disco recopilatorio de la portorriqueña en los 90, a años luz del éxito de ‘Laberinto de amor’. AAdemás se da el caso de que, en 2000, la SGAE sí pidió autorización a Enrique Lozano para incluir su canción ‘Todas las noches quiero’ en un documental de Sara Montiel; en este caso sí cobró los derechos de autor.
Pero el compositor malagueño «tuvo absoluto desconocimiento sobre la gran difusión de su obra en EEUU y América Latina por la artista Yolandita Monge», precisa la demanda.
Mala salud y apuros económicos
La denuncia judicial también resalta que, el cobro de esos derechos de autor habría supuesto un importante alivio económico en la trágica vida de Enrique Lozano, así como para su familia.
Como destaca, el grupo ‘Los Iberos’ alcanzó una gran notoriedad nacional por su participación semanal en el programa de televisión ‘Escala en Hi-Fi’. Sin embargo, en 1969, un grave accidente de tráfico de los músicos en Segovia, se saldó con la muerte del chófer y un fuerte traumatismo craneoencefálico para el cantante malagueño, lo que le supuso «secuelas mentales de por vida». De hecho, recibió terapias de electroshock en Málaga, estuvo dos años en un psiquiátrico de Francia y en dos ocasiones en psiquiátricos de Madrid. Finalmente, en 1996 le concedieron la incapacidad permanente absoluta, «con discapacidad mental en grado 65%».

El grupo Los Iberos, en una de sus actuaciones, con Enrique Lozano, primero a la izquierda. / Archivo Familiar
Alejado del mundo musical, los años que estuvo en activo trabajó en empresas de cartones, de frigoríficos y para ahorrarse un taller, montó en su casa de Málaga, junto a su mujer, un taller de carpintería metálica que hacía expositores de fotos para hostelería. La empresa, con un guiño a su antiguo grupo, se llamó ‘Iberos Kosta’.
En su último año de vida, la falta de medios económicos obligó a la familia de Enrique Lozano a solicitar a la SGAE «ayuda de urgencia social»: la entidad le otorgó 12 pagas mensuales de 300 euros.
En estas circunstancias, en diciembre de 2016, un mes antes de morir, Enrique Lozano pudo viajar a Madrid para reunirse con la SGAE y defender sus derechos. La demanda señala que el abogado de la sociedad le informó de que reclamarían a la compañía discográfica «los derechos de autor no cobrados», algo que le hizo afirmar a sus amigos que ese había sido «el día más feliz de su vida».
Fallecido el autor, los herederos han interpuesto una acción por daños y perjuicios con cantidades que el autor debió percibir por su canción; daños morales por la vulneración de los derechos de reproducción, divulgación, paternidad y comunicación pública de la obra; así como por incumplimiento contractual.
Respuesta de los demandados
En su respuesta al Juzgado de lo Mercantil 1 de Málaga, la Sociedad General de Autores alega en primer lugar que la acción ha prescrito, al tratarse de un disco de 1987 y ser «de una extemporalidad superlativa». También remarca que Enrique Lozano «tenía acceso a las liquidaciones realizadas por SGAE (...) y también podía formular reclamaciones». La SGAE considera por último «manifiestamente incierto» que no cobrara los derechos de autor por el disco y niega que esta obra recibiera certificado de oro o platino en EEUU.
Por su parte, de las tres filiales de Sony Music demandadas, Sony Music Entertainment España niega legitimidad a la familia de Enrique Lozano para interponer la demanda, y por otro lado, señala que la compañía «nada tiene que ver con la explotación» del disco. Además, también alega que la supuesta infracción de derechos ha prescrito, al superar los 5 años.
La segunda filial, Sony Music Entertainment US Latin tacha la demanda de «insensata, desmesurada y carente de amparo en Derecho», además de contar con un «tratamiento dickensiano de los hechos alegados».
Por último, Sony Music Holdings defiende la «inexistencia de relación jurídica alguna con el objeto litigioso», así como de «responsabilidad solidaria», y como el resto de demandados, argumenta que la supuesta infracción ya ha prescrito.
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