Alcaldes de la provincia, en busca de un nuevo escenario financiero

Muchos municipios españoles vienen reclamando desde hace ya varios años un profundo cambio en la financiación local. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha abogado por una revisión integral de los modelos de financiación estatal, autonómica y local para que se cumplan los principios constitucionales de suficiencia financiera y autonomía de las entidades locales, una reforma que permita hacer frente a las dificultades que tienen cuando se trata de financiar proyectos de infraestructuras o de garantizar servicios de calidad en zonas desfavorecidas. Según la Federación, el nuevo sistema de financiación debe dotar a las haciendas locales recursos suficientes para que sus gobiernos puedan desarrollar las competencias que tienen legalmente atribuidas y, además, asumir los gastos impropios que deben afrontar con frecuencia.

Para pulsar la opinión de algunos municipios malagueños respecto de este tema, nuestro periódico organizó uno de sus tradicionales desayunos. Acudieron al mismo los alcaldes de Alhaurín de la Torre, Torremolinos, Algarrobo y Coín (Joaquín Villanova, Margarita del Cid, Natacha Rivas y Francisco Santos, respectivamente), Carlos Conde, concejal de Economía, Hacienda, Gestión de fondos de la UE y Coordinación de distritos del Ayuntamiento de Málaga; Patricia Navarro, delegada del Gobierno andaluz en Málaga y presidenta del PP en la provincia y Daniel Carrasco, catedrático de Contabilidad Pública de la Universidad de Málaga (UMA).

Desde los primeros momentos del debate los asistentes quisieron dejar claro las deficiencias y carencias del actual sistema de financiación local en nuestro país, que data del año 1988 y no cubre, según su opinión, todas las necesidades que en la tercera década del siglo XXI, requiere la actividad municipal. Está establecido que la tarta del gasto público sea del 50% para el estado y un 25% para las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

«Pues bien, los ayuntamientos nos hemos quedado en el 13%. El gasto a nivel de toda España representa unos 55.000 millones de euros. Se destina un 15% para las diputaciones provinciales y un 85% a los ayuntamientos. La financiación actual es injusta y no equitativa. Nos mete a todos en el mismo saco y no debe ser así. No se tiene en cuenta el esfuerzo fiscal. Estamos prestando unos servicios que tienen un costo bastante elevado y que los ciudadanos valoran muchísimo (más que los del Estado y de las CCAA) y, sin embargo, tenemos la peor financiación y estamos completamente desbordados», aseguró el primer edil de Alhaurín de la Torre.

Según Carlos Conde, concejal de Economía del Ayuntamiento malagueño, uno de los problemas de financiación que tienen los municipios radica en la excesiva tutela, en la excesiva dependencia del Gobierno central cuando los consistorios tienen mecanismos y han demostrado, con las cifras en la mano, una eficiencia en su gestión. «La dependencia que tenemos de los Presupuestos Generales del Estado nos lastra en la gestión. El hecho de que tengamos que depender de unas transferencias, que se nos pueden o no se nos pueden dar, de que haya un PGE aprobado o no (llevamos tres años ya con el presupuesto prorrogado). Esta situación de incertidumbre a los ayuntamientos nos complica la vida a la hora de dar la respuesta y seguir prestando los servicios públicos».

Competencias impropias

Francisco Santos, alcalde de Coín, y Natacha Rivas, alcaldesa de Algarrobo, sacaron a relucir otros dos puntos que, según su opinión, están dificultando la gestión de los ayuntamientos: la asunción de las llamadas competencias impropias. «Las hemos ido absorbiendo de una manera paulatina a medida que se ha ido legislando, pero la financiación no ha aumentado. Casos como la ley de Bienestar Animal, la de Dependencia, etc. Cuando el vecino tiene un problema no acude ni al presidente del Gobierno ni al de su Comunidad Autónoma, se dirige a su alcalde», comentó Santos. Por su parte, Rivas fue más allá al expresar el sentimiento que tienen muchos ayuntamientos por las propias limitaciones que les impone la Ley de Financiación: «Nos sentimos rehenes de la ley ya que hay muchos ayuntamientos que tienen la posibilidad de invertir el dinero que han ahorrado y no lo pueden hacer porque la ley solo permite hacer uso de un 2,5% de ese remanente».

Para el catedrático de la Universidad de Málaga, Daniel Carrasco, la complejidad de la idiosincrasia de los ayuntamientos españoles (con aproximadamente 6.100 ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes y cerca de mil que tienen entre 5.000 y 20.000 habitantes) hace «muy compleja la elaboración de un modelo de financiación». Para Carrasco el problema básico «es la delimitación de competencias. Creo que también es fundamental que cada administración pague los servicios de las competencias que le corresponden», afirmó.

Optimizar los servicios

En su análisis de la situación, Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos, abogó por «cuestionar qué tipo de relación tenemos los ayuntamientos con el resto de administraciones». Del Cid criticó al Gobierno central porque los ayuntamientos tienen claro que tenemos que optimizar la forma en la que prestamos los servicios y hacerlo de forma eficaz, tener un gasto eficiente, «el problema es que los ayuntamientos lo hacemos pero nos encontramos con que el Estado no lo está haciendo, que es además quien nos impone sus metas». La regidora torremolinense pidió para paliar esta situación «una mayor presencia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para exigir la clarificación en las competencias y pedir la obligatoriedad de las transferencias».

Patricia Navarro, presidenta del Partido Popular de Málaga y delegada del Gobierno andaluz en Málaga, se lamentó de que el debate de la financiación local haya desaparecido de la agenda política de nuestro país y añadió que el marco de la financiación local «tiene que ser tan flexible como es la realidad social que los ayuntamientos tienen que gestionar. Éstos -añadió Navarro- tienen que tener margen en las cuentas para poder ir asumiendo las nuevas realidades que van surgiendo y de momento ese margen no lo tienen».

El siguiente punto de análisis se centró en delimitar qué puntos, qué aspectos debería incluir ese nuevo modelo de financiación que demandan los alcaldes de la provincia malagueña.

Poder participar en la toma de decisiones y ser invitados a la mesa donde se negocia la financiación es una aspiración que los alcaldes consideran «ineludible». «Lo que hay que hacer es conocer el mapa del municipalismo. Tenemos que sentarnos a la mesa», destacó Margarita del Cid. «Los ayuntamientos teníamos que estar ahí en la mesa y siempre se nos ignora», afirmó Joaquín Villanova.

Temas históricos de reivindicación municipal como la imposibilidad de gestionar remanentes de caja: «A nosotros no nos permiten tener déficit pero tampoco podemos gestionar cuando tenemos superávit, como en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, que tenemos 40 millones de euros de remanente en caja y solo se nos permite usar el 2,5%», aseguró el alcalde de esta población malagueña.

Reivindicaciones

«Tenemos un organismo que se llama el Consejo Nacional de Administración Local, que no se reúne desde hace dos años y esto no puede ser», denunció Carlos Conde, concejal del Ayuntamiento malagueño, quien cree que ha llegado el momento de cambiar la filosofía de cómo son considerados los ayuntamientos. «Se hace necesario un proceso de convergencia como se hace en algunos ámbitos europeos porque la mayor capacidad financiera va a atender a dos cuestiones. La primera es clara: no tenemos los recursos suficientes para atender las competencias impropias que estamos a día de hoy desarrollando. Y en segundo lugar, porque tenemos una dependencia de lo que el Gobierno central haga en cada momento. Yo pediría mayor autonomía fiscal para los ayuntamientos en el ejercicio de sus responsabilidades», indicó.

El alcalde de Coín, Francisco Santos, comentó que la solución puede venir a través de un pacto entre las principales fuerzas políticas. «Los ayuntamientos queremos ser una administración del siglo XXI, tenemos capacidad para ello y nuestros vecinos nos lo demandan continuamente. El problema es que tenemos una financiación local del siglo XX y esto exige un gran pacto entre los principales partidos españoles».

Otras reivindicaciones municipales pasan por reformar la PIE (Participación de los Ingresos del Estado) por parte del Estado incorporando criterios de población, funcional, estacional y de dispersión territorial; establecer reglas automáticas de reparto y actualización cada cuatro años mínimo o con los baremos que marque el IPC; flexibilizar la regla de gasto permitiendo la reinversión del superávit sin restricciones si hay solvencia; revisar la plusvalía municipal y el sistema catastral que, según los alcaldes, se ha quedado «obsoleto»; aprobar el reconocimiento legal de las diputaciones «porque hay que seguir potenciándolas y haciéndolas crecer en ayuntamientos con un déficit importante», a través de un fondo que pueda corregir eso y que pueda ayudar a que esos vecinos vean aliviada la presión fiscal para poder, lógicamente, hacer frente a deudas que son imposibles de poder sanear en un corto plazo de tiempo»; la actualización de la PATRICA (Participación de los Impuestos de la Comunidad Autónoma) hasta los 600 millones de euros por parte de Andalucía y crear fondos específicos de nivelación territorial para el turismo de población y de las áreas metropolitanas.

El fallo del año pasado del Tribunal Supremo declarando la recuperación de lo pagado en concepto de plusvalía municipal en compraventas «ha hecho un daño económico enorme» a los consistorios, según los alcaldes, que también denunciaron el hecho de estar obligados por la Constitución española a cerrar sus cuentas en superávit, cosa que no tienen contemplada el resto de administraciones públicas.

Daniel Carrasco, de la UMA, apostó por extender y actualizar un modelo creado en el año 2017 por un comité de expertos en el que se recogían puntos tan importantes como la actualización automática de la distribución de los recursos o la estabilidad de la PIE «para no estar pendientes de la aprobación o no de los Presupuestos Generales del Estado, y que haya un porcentaje, por ejemplo, del PIB, que no depende del Gobierno, y sí del Instituto Nacional de Estadística y es un dato fidedigno y que es economía real», afirmó.

«Hemos demostrado históricamente que somos administraciones que trabajamos por el bien común de nuestro territorio -señaló Carlos Conde- trabajamos con entre un 11 y el 13% del presupuesto total del Estado, una parte escasa del mismo sabiendo que los ayuntamientos tenemos unas capacidades superiores al del resto de administraciones públicas a la hora de trazar determinadas estrategias y dar las soluciones más específicas que el territorio demanda», concluyó.