Reunión

Vecinos de Churriana insisten a De la Torre que el futuro CIMI incumple la legalidad

El alcalde de Málaga visitó este domingo el edificio en la urbanización El Olivar donde se instalará el futuro Centro de Internamiento de Menores Infractores entre protestas de los vecinos, que le entregan un dossier con los incumplimientos del edificio

De la Torre, rodeado de vecinos de El Olivar, este domingo.

De la Torre, rodeado de vecinos de El Olivar, este domingo. / L. O.

Ignacio A. Castillo

Ignacio A. Castillo

Málaga

El futuro Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) en Churriana sigue contando con la oposición frontal de los vecinos de la la urbanización El Olivar, que este domingo han mantenido una reunión con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha visitado el edificio donde se pretende construir este centro junto a la zona residencial. En un comunicado, los vecinos han informado de que este encuentro no ha hecho más que aumentar la "indignación de los vecinos", aunque "finalmente De la Torre sí se prestó a escuchar las quejas de los residentes durante más de una hora".

En primer lugar, el regidor mantuvo una reunión con representantes de la empresa Meridianos, adjudicataria del futuro centro. "Este gesto fue recibido por los vecinos como un desplante, ya que dio la impresión de que el alcalde respondía antes a los intereses de una empresa privada que a los ciudadanos que le habían convocado. Fue en esos momentos cuando los ánimos estuvieron más caldeados, con los vecinos agolpados frente a la puerta de lo que se pretende sea el CIMI de la provincia de Málaga y conminando al alcalde a que saliera", explica la nota.

Según los residentes, que han protagonizado ya distintas concentraciones y manifestaciones en contra de la llegada del Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) a esta urbanización de chalés, en concreto a la antigua residencia de monjas de La Asunción, en la avenida Asunción, 14, Meridianos, la empresa adjudicataria, tiene allí a trabajadores, "que han aparcado en una calle que no está preparada". Los menores infractores en otras provincias no han llegado y la comunidad de propietarios de El Olivar duda que hayan podido presentar toda la documentación para formalizar el contrato, sobre todo en lo referido a la licencia de apertura municipal del edificio.

Como informó La Opinión, en marzo la Junta de Andalucía adjudicó en concurso público a ADIS (Asociación para el Desarrollo e Integración Social) Meridianos este centro.

Los vecinos de El Olivar se concentraron el pasado 29 de abril en la pasarela frente al Campamento Benítez, con el lema ‘No al centro ilegal de menores del Ayuntamiento en Churriana’.

Este domingo, y ante la presencia del alcalde, unos 150 vecinos de Churriana, reunidos en las inmediaciones del edificio, corearon su rechazo al proyecto con gritos como “¡Dónde está la transparencia!” o “¡No al centro ilegal!”. Se desplegaron pancartas y se reiteraron los argumentos técnicos, legales y sociales que hacen inviable la apertura del centro.

El alcalde aseguró que “si abre, es porque el centro tiene los papeles en regla”. Pero, según los vecinos, "la realidad es bien distinta, y así se le argumentó por su parte". "Lo único que se ha presentado son una serie de declaraciones responsables (DR), sin que hasta la fecha ningún técnico municipal haya verificado su contenido, al menos, hasta que las denuncias vecinales lo han ido forzando. Una DR no sustituye una licencia, ya sea de obra o de apertura, ni acredita el cumplimiento de los requisitos legales exigibles", denuncian.

Durante el encuentro, los vecinos señalaron al alcalde y a su equipo que la Delegación de Urbanismo y Comercio debe revisar de forma efectiva dichas DR, y se recordaron las numerosas carencias del proyecto, entre ellas, la ausencia de informe favorable de bomberos, preceptivo para la apertura, un vallado incompleto y sin homologación, incumpliendo la normativa específica aplicable a los CIMIs, instalaciones interiores no legalizadas, que cualquier edificio debe justificar y cumplir o la falta de espacios deportivos mínimos para los menores internados, nuevamente exigidos por la normativa vigente...

Todas estas carencias han sido ya denunciadas por los vecinos ante el Ayuntamiento de Málaga (Urbanismo y Comercio), la Delegación de Justicia y la Dirección General de Justicia Juvenil.

Visita

Durante la visita, el alcalde estuvo acompañado por la delegada de Justicia en Málaga, Teresa Pardo, y por el gerente de Urbanismo, José María Morente, quienes también escucharon las demandas vecinales.

Además, se subrayó un aspecto especialmente preocupante: la decisión sobre dónde ubicar un centro público no puede quedar en manos de una empresa privada intermediaria, "que actúa con un margen económico abultado" y que, en este caso, "subarrienda el edificio a Meridianos tras haberlo arrendado previamente a una congregación religiosa".

Dicen los vecinos que los contratos de arrendamiento —tanto el inicial como el de subarriendo— están depositados en el propio Área de Urbanismo del Ayuntamiento, lo que convierte al Consistorio en pleno conocedor de esta operación, que muchos vecinos consideran un pelotazo urbanístico y asistencial.

Como expresó una vecina durante el encuentro: "No estamos en contra de la reinserción de menores, pero este no es el lugar adecuado, ni para ellos ni para nosotros."

Los vecinos entregaron nuevamente al alcalde un dossier detallado con los incumplimientos técnicos y jurídicos del proyecto, e insistieron en que no debe autorizarse su apertura hasta que no se emita una resolución clara, basada en informes técnicos reales e independientes, que garantice que el edificio cumple todos los requisitos legales y urbanísticos exigibles. Además, le pidieron que traslade a la Junta de Andalucía, licitadora del servicio, todas sus inquietudes y le recordaron que es su deber la defensa de los intereses de los malagueños frente a otras administraciones, aunque estén gobernadas por su mismo partico, como es el caso de la Junta de Andalucía.

Los vecinos aseguran no se oponen a la reinserción de los menores infractores, sino a la improvisación, la opacidad y la cesión del interés público a intereses privados.

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