Los docentes critican el polémico examen de Matemáticas de la PAU 2025 y exige responsabilidades

La Selectividad 2025 ha finalizado, pero la polémica sigue tras las pruebas. La controversia la protagoniza, un año más, el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. Un examen que los alumnos piden impugnar por su dificultad. Aunque la Junta defendió el modelo de las pruebas, ahora los docentes también se unen a las críticas.

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El sindicato Docentes por la Pública ha denunciado el "grave perjuicio académico y emocional" que ha supuesto el examen a los alumnos.

Según la organización, la prueba se ha alejado de los contenidos y criterios establecidos en el currículo oficial, generando frustración, impotencia y desconcierto tanto entre el alumnado como entre el profesorado de toda Andalucía.

En apenas unas horas, más de 15.000 personas han firmado una petición en la que se solicita la impugnación del examen, una cifra que refleja la magnitud autonómica del problema.

"La prueba desvirtúa el trabajo realizado durante dos años de Bachillerato y pone en riesgo el acceso universitario de miles de jóvenes andaluces que han seguido fielmente el currículo oficial", ha asegurado Esther Padua, responsable de organización del sindicato.

Desde Docentes por la Pública denuncian que el examen constituye una grave vulneración de la normativa vigente, en particular del Real Decreto 534/2024 y del Decreto 103/2023 de la Junta de Andalucía, así como de las especificaciones publicadas en el BOJA del 13 de febrero de 2025, que regulan los contenidos y criterios de evaluación que deben contemplar las pruebas de acceso.

“El alumnado ha sido evaluado con una prueba desproporcionada, alejada de los saberes básicos establecidos, lo que supone un desprecio al proceso de enseñanza-aprendizaje y a la labor del profesorado”, ha denunciado Padua.

El sindicato ha alertado, además, del impacto emocional que la prueba ha generado entre los estudiantes, describiendo escenas de “frustración y angustia” vividas en numerosos centros educativos tras la realización del examen.

Peticiones

Ante esta situación, Docentes por la Pública exige:

• La revisión inmediata del examen y de sus criterios de corrección.
• La adopción de medidas compensatorias urgentes que eviten una penalización injusta al alumnado.
• La asunción de responsabilidades por parte de los responsables de autorizar el examen.
• La máxima transparencia en los procesos de elaboración y supervisión de futuras pruebas.

El sindicato ha anunciado que continuará movilizándose y defendiendo los derechos del alumnado y del profesorado de la educación pública, exigiendo que se garanticen procesos de evaluación justos, coherentes y alineados con la normativa educativa.

“Lo que ha ocurrido no puede repetirse. La educación pública merece respeto, rigor y justicia”, concluyen desde la organización.