Integración
La Junta formaliza el contrato del Centro de Menores de Churriana
La gestión del CIMI hasta 2029, con opción a prórroga de un año, recaerá sobre la Asociación para el Desarrollo y la Integración Social ADIS Meridiano

Vecinos de Churriana protestan frente al Ayuntamiento de Málaga contra el centro de menores en el Olivar. / AIM

La Junta de Andalucía sigue adelante con la contratación de la gestión que regirá el Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) que se va a abrir en la urbanización El Olivar, en Churriana, pese a la fuerte oposición vecinal, que se ha manifestado en numerosas ocasiones contra el proyecto, al considerarlo ilegal y que no cumple con los requisitos básicos.
La firma del contrato ya formalizado tiene fecha del pasado 28 de mayo, unos días antes de la visita del alcalde Francisco de la Torre a las instalaciones que acabó en un encuentro tenso con unos 150 vecinos que estaban reunidos en las inmediaciones.
La Consejería de Justicia adjudicó en abril el contrato por un importe de 20.886.456 euros a la Asociación para el Desarrollo y la Integración Social ADIS Meridiano. El precio unitario por plaza es de 285,92 euros, según la información consultada por este periódico. En cuanto a la duración, el contrato tiene un plazo de 48 meses, prrogable 12 meses, por lo que el servicio se mantendrá hasta 2029 o 2030.

De la Torre, rodeado de vecinos de El Olivar, este domingo. / L. O.
El centro ofrecerá 50 plazas que se distribuirán de la siguiente forma, tal y como se especifica en los pliegos: 23 plazas masculinas de internamiento en régimen cerrado, semiabierto, abierto y permanencia de fin de semana en centro; 15 plazas femeninas de internamiento en régimen cerrado, semiabierto, abierto y permanencia de fin de semana en centro y 12 plazas masculinas de internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto y abierto.

Antigua casa de ejercicios de La Asunción, en El Olivar, donde está previsto el CIMI. / L.O.
Polémica
Los vecinos de El Olivar llevan varios meses manifestándose en contra de la apertura de este centro en lo que antaño fue la residencia de monjas de La Asunción, establecida en el edificio de la avenida Asunción, 14. Los afectados solicitaban la anulación de la adjudicación «por no cumplir los requisitos materiales y urbanísticos», así como la apertura de una «inspección técnica urgente sobre el uso real del inmueble y la legalidad de las obras iniciadas», además de considerar "inválidad" la figura de la declaración responsable para ejecutar las obras de reforma.
Por su parte, la entidad sin ánimo de lucro que ha resultado adjudicataria salió al paso de las críticas defendiendo que el centro "de forma estricta" con la normativa urbanística y es apto para uso como centro tutelado de menores".
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