La Vega de Mestanza denuncia la depuradora ante la Unión Europea

Los vecinos de la Vega de Mestanza, la última vega de cultivo del término municipal de Málaga, continúan la batalla jurídica contra la construcción, por parte de la Junta de Andalucía, de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Málaga Norte en sus tierras, y han presentado sendas denuncias contra el proyecto, ante la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la Defensora del Pueblo Europeo.

«A movimiento de ellos, cinco nuestros», resumió Marcelino Abraira, abogado de los vecinos, que viajó desde Asturias para informarles este miércoles de los próximos pasos a seguir. 

La Junta reitera que la nueva depuradora sólo se puede instalar en la Vega de Mestanza

El letrado detalló que tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo ya están estudiando esta denuncia. Marcelino Abraira recordó que, de las cinco alternativas estudiadas por la administración autonómica para emplazar la EDAR, se ha escogido una zona inundable y un proyecto que quintuplica el presupuesto «de cualquiera de las otras alternativas».

El abogado defendió por eso que la depuradora se ubique, además de en el sitio «más económico», en zona no inundable, «para que no pase lo que pasó en Valencia».

En relación con las catas y movimientos de estos días, incluida la construcción de una rampa para camiones en el Guadalhorce, Marcelino Abraira declaró que hay seis contenciosos-administrativos y tres querellas penales presentadas por los vecinos, sin que todavía se haya dictado sentencia alguna. 

Por eso, estimó que la Junta de Andalucía no respeta el artículo 103 de la Constitución, sobre la actuación de la Administración Pública, y debía «esperar a que hubiera una sentencia firme, o por lo menos, una que les habilitara», antes de seguir con las expropiaciones de tierras y las obras. 

Requerimientos a Málaga y Alhaurín de la Torre

En relación con las obras de estos días, Marcelino Abraira precisó que ha presentado una denuncia a la Fiscalía de Medio Ambiente, así como sendos requerimientos, de 72 horas de plazo, a los ayuntamientos de Málaga y Alhaurín de la Torre para que trasladen a los vecinos la documentación «íntegra» sobre las obras «que pretenden hacer aquí y de las que no sabemos nada», empezando por la licencia para ejecutarlas.

En caso de que no respondieran, anunció que presentará un recurso contencioso-administrativo con petición de una medida cautelarísima, para suspender las obras. 

A este respecto, y como ya adelantó La Opinión el pasado 3 de junio, los vecinos están a la espera de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, para que vuelva a adoptar la cautelarísima que suspenda las obras, una medida que en noviembre otorgó el TSJA a los vecinos, pero que tres días más tarde levantó. El abogado explicó que la respuesta del Supremo puede producirse «en cualquier momento».

Con respecto al TSJA, anunció que está en trámites de «recusar» al tribunal, dado que «de tres magistrados, cambiaron a dos», a la hora de levantar la cautelarísima, «sin comunicar» este cambio a la defensa de los vecinos. 

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