Málaga pide al Gobierno y a la Junta un acuerdo para financiar vivienda pública

Las formaciones políticas del Ayuntamiento de Málaga han mostrado esta mañana un talante negociador y un ánimo común por llegar a acuerdos mínimos poco visto en el Salón de Plenos cuando hay que hablar de vivienda.

El PSOE ha presentado una moción a la Comisión de Derechos Sociales que ha conseguido, a base de enmiendas, arrancar por unanimidad un reclamo tanto al Gobierno como a la Junta de Andalucía para que acuerden sus respectivas partidas presupuestarias en el marco del Plan Estatal de Vivienda.

Un debate sosegado, no exento de dardos, pero que ha conseguido mantener la voluntad expresa por el concejal socialista Mariano Ruiz y el concejal popular de Vivienda, Francisco Pomares, de acercar posturas.

"Estamos de acuerdo en algunas de las soluciones, no en todo, pero podemos llegar alcanzar un acuerdo de mínimos", ha defendido el socialista Mariano Ruiz, que sí ha reclamado al equipo de Gobierno que no se "cierre en banda" a medidas que ya aplican otros ayuntamientos españoles en cuanto a tasa turística, regulación de alquileres y de viviendas turísticas sobre las que se ha reflexionado en el Foro Económico y Social del Mediterráneo organizado por este periódico y su grupo editorial Prensa Ibérica esta semana.

"He estado tentado pero la moción me ha gustado mucho y por eso estoy en el ánimo positivo de no entrar en política, porque creo que refleja la propuesta del Ministerio de Vivienda interesante en la financiación del Plan Estatal de Vivienda", le ha respondido Pomares.

Atravesados por la corrupción

Sí ha entrado al trapo el portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, que ha acusado tanto al PSOE como al Partido Popular de estar "atravesados" por los "intereses de las oligarquías vinculadas a las constructoras y promotoras", en relación al escándalo de corrupción que engloba al núcleo duro del PSOE a nivel nacional y las tramas que implican a los populares, como fue la Gürtel.

Sguiglia ha reclamado también al consistorio que declaren la ciudad como zona tensionada para poder regular el mercado del alquiler, una medida que ya está aplicando Barcelona y a la que el Partido Popular se opone.

El acuerdo

Ambos concejales se refieren al planteamiento del Gobierno con respecto a la financiación del próximo Plan Estatal, que abarcará el período comprendido entre 2026 y 2030, que pretende elevarse desde los 2.300 millones que se movilizaron en el plan aún vigente y apunto de agotarse hasta a unos 7.000 millones de euros. Para ello, el Estado ha propuesto asumir una aportación de 4.000 millones, esto es, el 60% de la cuantía y que las comunidades autónomas sufraguen, al menos, 2.700 millones, un 40%.

El concejal de Vivienda ha sugerido que los ayuntamientos deberían incluirse en la ecuación y compartir esfuerzo con las autonomías asumiendo, por ejemplo, un 15% de la financiación del Plan Estatal.

En concreto, el acuerdo alcanzado insta al Gobierno a "negociar y pactar en el ámbito del Consejo Territorial la financiación del próximo Plan Estatal de Vivienda con las Comunidades Autónomas y la FEMP" así como "instar a la Junta de Andalucía a aceptar la propuesta de financiación del Plan Estatal de Vivienda, aumentando su aportación”.

Más vivienda pública

Por otro lado, también han aprobado por unanimidad reclamar a la Junta de Andalucía que en la próxima Ley de Vivienda de Andalucía se garantice la protección permanente de la calificación de la VPO así como que incremente la construcción de viviendas públicas y protegidas en Málaga, priorizando aquellas destinadas al alquiler asequible.

El portavoz de Vox, Antonio Alcázar, que no se ha opuesto a los acuerdos sí ha recriminado al PSOE que la moción debería haberse presentado en el Parlamento andaluz. "Deberían solicitarlo en el parlamento andaluz y no en este pleno porque entendemos que no tiene utilidad".