Medioambiente
Casi 40 investigados en Málaga por usurpar aguas públicas
Los responsables de una empresa de materiales de construcción están acusados de extraer y vender el agua equivalente a cinco piscinas olímpicas con la que habrían logrado 240.000 euros de beneficios
La Opinión
La Guardia Civil ha investigado a 38 personas por presuntamente hacer uso de recursos hídricos públicos de forma ilegal con posible afección medioambiental. Según ha informado este martes el instituto armado, los agentes han señalado hasta 20 delitos y formulado 187 denuncias por infracciones a la normativa de aguas durante el año que ha durado la operación, tiempo en el que se han llevado a cabo 110 inspecciones de infraestructuras de extracción y manipulación de aguas, principalmente en pozos, sondeos y balsas de acumulación.
El principal delito que se ha investigado fue supuestamente cometido por los responsables de una empresa de venta de materiales de construcción. La Comandancia de Málaga ha informado este martes de que, durante al menos 5 años, extrajeron agua de pozos para su venta y reparto ilegal con cisternas a viviendas, piscinas o para uso industrial. "Se estima que utilizaron 2.400 cubas que sumarían un volumen de 12 millones de litros, el equivalente a cinco piscinas olímpicas de 50 metros de largo, 25 de ancho y dos metros de profundidad. Esta cantidad de agua les habría reportado beneficios que superarían los 240.000 euros, sin contar con el daño y perjuicio para el dominio público hidráulico", han explicado.
Infracciones administrativas
En cuanto a las 187 infracciones administrativas en materia de aguas, la Guardia Civil ha especificado que estas irregularidades giran en torno a extracciones de agua sin autorización o en cantidades superiores a las autorizadas, carecer de contadores volumétricos para conocer los consumos o destinar agua a un uso no autorizado. "Igualmente, se han detectado otro tipo de infracciones como son la apertura de pozos o sondeos, la construcción de balsas y depósitos sin licencia urbanística o la transformación de suelo de cultivo de secano a regadío de manera ilegal", han añadido.
Estas conductas, explican, se han visto agravadas por la situación hídrica existente durante meses en la provincia, que estaba declarada como “sequía persistente” por la que se establecieron restricciones de agua en algunas zonas.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Málaga, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medioambiente, contando además con la participación del Servicio de Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía y de los Guardas Fluviales y agentes de Medio Ambiente de la administración andaluza.
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