Vecinos de Soliva temen quedarse sin su VPO cuando termine el contrato de alquiler

Vecinos de una promoción de vivienda protegida de Soliva Este temen quedarse sin su VPO cuando termine el contrato de alquiler debido a los planes de la empresa gestora de vender las viviendas.

Estos inquilinos, que han acudido ya en varias ocasiones al Pleno del Ayuntamiento de Málaga denunciando una situación de «abandono» tanto por parte de la propietaria Inmocaixa como por las administraciones públicas -donde incluyen al Ayuntamiento de Málaga y a la Junta de Andalucía- al sufrir falta de mantenimiento en sus viviendas y zonas comunes, placas solares en desuso, diferentes importes de renta según el inquilino o el pago del IBI estando de alquiler.

Se trata de una promoción de 98 viviendas protegidas para la cual el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) vendió un suelo municipal a la entonces Obra Social la Caixa, hoy Inmocaixa.

Según los pliegos del contrato, la parcela salió a licitación en 2006 por algo menos de 1,3 millones de euros. La condición para comprar estos terrenos era que en ellos se construyesen vivienda sujetas a protección oficial en régimen de arrendamiento, de hecho se premiaban aquellas ofertas que garantizasen un régimen de alquiler superior a 25 años.

En conversación con este periódico, los vecinos ahora manifiestan que la gestora les ha puesto una fecha límite -en algunos casos cumple esta semana- para decidir si quieren comprar o no su vivienda por unos 150.000 euros, un importe muy por debajo del precio de mercado en Málaga pero que, según los vecinos, muchos no pueden asumir con su nivel de ingresos y las condiciones bancarias. En caso de no adquirir el piso, tendrán que marcharse cuando cumpla el contrato, situación en la que se encuentra en torno a la mitad de la promoción, para cuyas viviendas ha expirado el período de arrendamiento obligatorio. Estos vecinos lamentan sentirse «amenazados» e «indefensos».

«Esto es una vivienda de VPO con unos requisitos de renta, aquí vivimos trabajadores normales, con sueldos normales. Y no lo podemos pagar, porque una persona sola con un sueldo de mil y poco euros no puede pagar una hipoteca de 600 euros», explica Alicia, una de las vecinas afectadas, que añade que hay residentes con cierta edad que temen encontrarse una hipoteca con cuotas aún más elevadas. De hecho, señala que según la documentación que se les remitió, la opción de compra debía haberse ofrecido en 2019 cuando, además, «los precios de mercado eran otros». Exigen también una tasación de las viviendas antes de plantearse la compra ya que, afirman, son pisos de pequeñas dimensiones y presentan desperfectos que no se han arreglado o que han asumido los propios inquilinos. «Durante todos estos años no se han hecho cargo de nada y estamos de alquiler», continúa Alicia, que también apunta a que hay viviendas vacías en el bloque que llevan tiempo sin nuevos inquilinos.

Respuesta de Inmocaixa

Fuentes de Fundación la Caixa confirman a este periódico que la intención es ir acabando progresivamente con estos alquileres que tienen bajo su gestión para vender la promoción.

Señalan que el período obligatorio de alquiler -al ser una vivienda protegida, está sometida a esa regulación- ya ha concluido y que Inmocaixa «ha decidido poner a la venta la vivienda ofreciendo a los arrendatarios comprar el piso en el que están».

Con respecto a la imposición de plazos que denuncian los vecinos, estas fuentes defienden que «se les ha ofrecido con tiempo de sobra» y que «hace tiempo que se está negociando, no se le ha dado una semana». Y sobre el hecho de que los vecinos que no compren su vivienda se tendrán que marchar, estas fuentes confirman que «en principio esa es la idea» aunque agregan que «se mira caso a caso». Por otro lado, niegan que exista una falta de mantenimiento en el bloque, recalcando que lo han comprobado in situ. «El estado es correcto».

Por su parte, el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, ya manifestó durante un Pleno que el Ayuntamiento «no tiene nada que ver» al encontrarse la parcela en manos de un promotor privado y no en las del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV). «Es la Caixa la que tiene que hacerse responsable de la buena administración».