Con Málaga exige que se paralice la privatización de la antigua cárcel de La Cruz del Humilladero

Toni Morillas, la portavoz adjunta de Con Málaga, defenderá una moción en el pleno del Ayuntamiento del próximo jueves 31 de julio para frenar de forma inmediata la cesión de la antigua prisión provincial de La Cruz del Humilladero a una empresa privada y exigir que se rehabilite como centro social, cultural y de memoria democrática públicos.

La portavoz adjunta de esta formación política ha denunciado que el gobierno local del Partido Popular pretende "entregar más de 14.000 metros cuadrados de patrimonio público de la antigua prisión provincial a una empresa privada de formación profesional, atentando contra la voluntad vecinal y contra el acuerdo plenario que se alcanzó por unanimidad en el año 2009", acuerdo que, ha recordado la portavoz, establecía el uso social y memorialístico del edificio.

Los vecinos también han mostrado interés por la antigua prisión provincial de Cruz del Humilladero. Según Morillas, los vecinos se están organizando para que el edificio no se privatice: "La semana pasada hubo decenas de vecinos en la puerta de la antigua prisión reivindicando que el espacio público fuera para el barrio y la ciudad, que no se privatizara"

Para la portavoz adjunta de Con Málaga, la privatización del edificio es una agresión al tejido social y vecinal de Málaga, un atentado contra los principios de memoria, justicia y reparación que deben guiar las políticas democráticas: "Defendemos un modelo de cogestión comunitaria que permita convertir la antigua prisión en un pulmón social para Málaga, con espacios dedicados a la cultura, la juventud, las personas mayores y la memoria democrática".

Por esta privatización, Morillas ha declarado que se va a trasladar la demanda vecinal, volviendo a reiterar en el pleno de la corporación que se garantice que la antigua prisión provincial sea de gestión pública y que se garanticen sus usos sociales para el conjunto de la ciudadanía.

Además, la portavoz adjunta de la coalición de izquierdas alerta en la moción “del riesgo que supone poner este espacio en manos de empresas de formación privadas, algunas de las cuales están financiadas por fondos especulativos, como KKR, implicados en industrias armamentísticas y violaciones de derechos humanos, incluidas las cometidas por el gobierno israelí en el genocidio de la población palestina de Gaza”.