Vecinos de las casas del Bulto recurren el concurso por el que pugnan tres promotoras

Los profundos cambios que se avecinan en el Bulto, con tres promotoras en la pugna por hacerse con la gestión, afectan especialmente a los vecinos de las últimas casas bajas, que deberán ser demolidas para dar lugar a las obras.

Aunque se prevé una reserva de viviendas protegidas para el realojo de estos vecinos, según los residentes consultados por este periódico, la incertidumbre es total y reina la inquietud, por ejemplo, sobre las condiciones en las que deberán abandonar sus hogares o dónde deberán instalarse durante las obras.

Algunos de los vecinos afectados han decidido dar un paso adelante por la vía judicial, de hecho, hasta la fecha se han presentado cuatro recursos contencioso-administrativos contra la Gerencia de Urbanismo. Según explica el abogado que representa a estos vecinos, Francisco Granados, los recursos impugnan el acuerdo del Consejo Rector de Urbanismo del pasado 22 de enero, en el que se dio luz verde al concurso público para elegir al «agente urbanizador» que asumirá la gestión de la metamorfosis del Bulto.

Estos cuatro recursos ya están en conocimiento de la Gerencia de Urbanismo, como confirma la concejala responsable, Carmen Casero, quien recuerda, además, que, en paralelo a estas causas, están ahora en proceso de contestación a las alegaciones presentadas a este procedimiento, cuyo plazo concluyó hace unos días. Estas alegaciones forman parte del propio proceso administrativo del "agente urbanizador", por lo que no deben confundirse con los recursos que se presentan por la vía judicial.

Uno de esos recursos está ya en un estado más avanzado, con la admisión a trámite de la demanda por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº4 de Málaga e incluso la apertura de una pieza separada de medidas cautelares, indica el letrado de los vecinos, en la que se solicita la suspensión del proceso hasta que haya sentencia firme.

En cuanto a la demanda en curso, Granados destaca como argumento principal que debería haberse tramitado la evaluación ambiental antes de que se produzca la elección del agente urbanizador, una figura a la que aspiran Sierra Blanca -autora de las "Málaga Towers"-, Urbania -pendiente de formalizar la subasta de los terrenos de Repsol- y el estudio de arquitectura José Seguí -autor del diseño inicial de la Torre del Puerto-. Urbanismo está ahora en plazo para contestar.

Hay que recordar que las propuestas de transformación del Bulto contemplan desde edificios rascacielos, ya sea de uso hotelero o residencial, junto a otras propuestas de edificios circulares y de menor altura.

Una cuestión de "dignidad"

Francisco Granados defiende que la interposición de los recursos responden, en primer lugar, a una cuestión de "dignidad" de los vecinos afectados, cuyos hogares, critica, se han tachado de "infraviviendas" y "chabolas".

"Ha sido siempre un barrio humilde, de pescadores, no de delicuentes, porque es la imagen que se quiere transmitir", sostiene el letrado.

Por otro lado, por una cuestión "práctica", ya que los residentes "no tienen ninguna garantía de que allí se vayan a realizar las viviendas de protección oficial", así como que vayan a percibir "indemnizaciones justas" para los propietarios. Sobre esto último, el letrado sostiene que hay fijada una horquilla de indemnizaciones en función del valor de la vivienda, que en los casos más beneficiosos rondan los 60.000 euros.

En tercer lugar, se pretende defender el interés general. "En todo proyecto urbanístico, está legitimada para denunciar si ayuntamiento o terceros privados no están velando por los intereses generales".

¿Y ahora qué?

En cuanto al procedimiento en sí, una vez estén contestadas las alegaciones presentadas -no los recursos-, la gerencia deberá convocar un Consejo Rector de Urbanismo en el que se escogerá la alternativa técnica "más adecuada al interés general".

A partir de ahí, habrá que escoger la propuesta jurídico-económica -que no tiene por qué ser de la misma promotora ganadora de la parte técnica- y, en última instancia, se suscribirá el correspondiente convenio urbanístico.

Ahora bien, habrá que ver cómo afecta la interposición de los recursos contencioso-administrativos a este proceso, teniendo en cuenta los precedentes que se han dado ya en la ciudad, por ejemplo, con la subasta de Repsol, que sigue bloqueada desde hace casi un año, o la Torre del Puerto, de la que apenas se conocen avances. Se trata de dos proyectos urbanísticos de gran calibre sobre los que pesan contencioso-administrativos que partieron de la propia ciudadanía y que consiguieron frenar o, al menos, torpedear la tramitación.