Violencia
Málaga concentra ocho de cada diez expedientes andaluces por acoso escolar
En la provincia se incoaron 62 de los 75 expedientes de reforma que se dieron en toda la comunidad autónoma el año pasado, según se refleja en la Memoria 2025 del Fiscal Superior de Andalucía

Imagen de un acto de protesta contra el acoso escolar. / José Luis Roca

Existen ciertos datos que muestran un liderazgo en términos tan negativos que activan automáticamente las señales de alarma. O, cuando menos, invitan a una seria reflexión. La provincia de Málaga concentra el 82% de los expedientes por acoso escolar tramitados en Andalucía durante el año 2024, según se refleja en la Memoria 2025 del Fiscal Superior de Andalucía.
Si se siguen esos indicadores, en esta provincia se incoaron 62 de los 75 expedientes de reforma que se dieron en toda la comunidad autónoma el año pasado. A continuación, aparece Cádiz con seis, mientras que se tramitaron cuatro y tres, respectivamente, en Jaén y Huelva. A su vez, se destaca en términos positivos el caso de Granada, ya que «se ha producido un descenso considerable.
Esta bajada se hace extensible al conjunto de la comunidad autónoma andaluza y se apunta que «se ha producido en 2024 un descenso de la violencia y el acoso en las aulas». Además, se enfatiza que «la gran mayoría de los expedientes derivados de estos comportamientos se han resuelto con soluciones extrajudiciales».
Datos nacionales
Por otro lado, la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2025 refleja que en 2024 se detectaron un total de 1.196 casos de acoso escolar en España. Por primera vez, se aborda en este ejercicio estadísticamente el acoso escolar, «por lo que no dispone de datos de otros años para comparar si los casos han aumentado o disminuido».
A este respecto, se recuerda que «el delito del acoso escolar suele estar integrado por otras figuras delictivas (lesiones, amenazas, coacciones...) y fundamentalmente por el delito contra la integridad moral del artículo 173.1 Código Penal, que también ha sido objeto de estudio estadístico por primera vez este año». En esta dirección, se advierte que «las cifras (1.196 de acoso escolar y 1.057 delitos contra la integridad moral) evidencian un importante déficit en la prevención e intervención en el entorno educativo y son motivo de una notable preocupación».
Una de las conclusiones que saltan a la vista es que «los problemas de salud mental de los menores subyacen en muchos de los supuestos» de acoso escolar, bien como causa o bien como consecuencia de la infracción».
Nuevas tecnologías
La Memoria de la Fiscalía General del Estado subraya que «la relación de las y los menores y jóvenes con las nuevas tecnologías ha supuesto también un notable incremento de las conductas que se llevan a cabo mediante el uso de medios telemáticos e Internet, especialmente redes sociales o aplicaciones de mensajería como WhatsApp, TikTok, Instagram o Telegram». Incluso, se insiste en que «los delitos que usualmente se cometen haciendo uso de esos canales han sufrido todos un incremento» en España.
Y, en esta línea, se señala que «una buena parte de los delitos de acoso escolar se perpetran mediante ciberbullying, lo que se traduce en un incremento de los delitos contra la integridad moral». Asimismo, se añade que las secciones ocupadas de estos casos han expresado «preocupación por su auge y por las influencias negativas que el abuso de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) puede generar en los menores». Igualmente, se destaca que «se ha detectado influencia negativa en los menores por el precoz consumo de contenidos pornográficos y por influencers que incitan a conductas autolíticas o de grave riesgo para la salud».
En este punto, la Memoria hace «mención específica a los delitos de odio, en numerosas ocasiones cometidos a través de las TIC, que también se han computado estadísticamente en este ejercicio arrojando un resultado de 127 en el conjunto del país».
Al mismo tiempo, se indica que «no deja de aumentar la preocupación de los fiscales» por el despunte de la presunta intervención de los menores de 14 años en delitos muy graves, como los de acoso escolar, contra la libertad sexual, la violencia intrafamiliar y otros cometidos a través de las redes sociales.
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