El PP exige a Sánchez que desbloquee su Ley Antiokupación

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, pidió este viernes al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que copie las propuestas antiokupación de su formación y puso a Málaga como ejemplo de gestión en materia de vivienda.

Así lo ha expuso junto a la presidenta provincial, Patricia Navarro, y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, al tiempo que incidió en la «inactividad y parálisis» del Ejecutivo en materia de vivienda que, por el contrario, «es una de las grandes prioridades de los alcaldes ‘populares’ de la provincia y a nivel nacional».

Bendodo destacó que los alcaldes y alcaldesas «hacen lo que pueden y más en vivienda», poniendo como ejemplo al regidor de la capital malagueña, Francisco de la Torre, «con 5.000 VPO actualmente en promoción y otras 5.300 viviendas construidas y entregadas desde 2000».

Para Bendodo, «el verdadero plan de vivienda de Pedro Sánchez es el de la okupación» y lamentó que el presidente del Gobierno y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, «tienen bloqueadas a conciencia más de 30 leyes del PP en esta Cámara», entre ellas la Ley Antiokupación, que propone el desalojo en 24 horas, el incremento de penas a los okupas o la imposibilidad de empadronamiento «y que lleva en el congelador del Congreso un año y ocho meses, desde febrero de 2024».

Por su parte, la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, reivindicó el «intenso trabajo de los populares para luchar contra la situación de desamparo e inseguridad que genera la okupación y de la que Málaga no está exenta».

Así, recordó la creación de oficinas antiokupación en los ayuntamientos de la provincia con más de 20.000 habitantes gobernados por los ‘populares’, mientras que la Diputación prestará este asesoramiento técnico y jurídico en los pueblos pequeños; y señaló que se trata de «una herramienta útil» para atender a vecinos «que ya sufren este problema, así como para aquellas personas con viviendas vacías y sin alquilar por miedo a la okupación».

Navarro destacó la labor de inspección y seguimiento que realiza la Junta «para que se cumpla esa función social de las VPO». Recordó las 288 VPO recuperadas por la administración autonómica que eran objeto de ocupación ilegal o donde se cometían delitos como el narcotráfico, y «a las que se les ha dado una segunda oportunidad».

«En esta ecuación falta la acción del Gobierno, que favorece la okupación», con una Ley estatal de Vivienda «que genera inseguridad jurídica y una Ley Antidesahucios que ha triplicado la okupación en ciudades como Málaga».