Agresión mortal en una residencia de Málaga: piden investigar las medidas de seguridad tras el ataque de un interno con demencia

Tras conocer la muerte en una residencia de ancianos de Málaga de una mujer de 78 años que fue agredida hace dos semanas por otro interno de 66 años y con demencia, el Defensor del Paciente ha solicitado a la Fiscalía que investigue de oficio qué tipo de seguridad tenía o tienen dichas instalaciones, de qué personal y medios disponía y en qué "situación de libertad" se encontraba el presunto agresor, un paciente que la organización entiende tiene una patología peligrosa.

A través de su presidenta, Carmen Flores, la entidad recuerda que la administración "tiene la obligación de utilizar controles de seguridad en las residencias de ancianos según varias leyes y regulaciones", aludiendo a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia que establece el nivel mínimo de protección para garantizar la seguridad y bienestar de las personas mayores.

Flores añade que las comunidades autónomas "tienen sus propias regulaciones y leyes específicas para las residencias de ancianos", como la Ley del 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales, que tipifica como faltas graves o muy graves la falta de atención adecuada a los residentes, y subraya su solicitud se basa en que "el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al juez o al Fiscal".

Agresión

La agresión, adelantada por Sur, se produjo la madrugada del pasado 16 de octubre en una residencia privada ubicada en Cerrado de Calderón, en el distrito este de la capital malagueña, aunque ha trascendido tras la muerte de la mujer, que padecía alzhéimer, este domingo en un hospital privado de la capital. La Policía Nacional detuvo al presunto agresor al día siguiente del suceso y posteriormente fue puesto a disposición judicial, si bien no han trascendido las medidas cautelares tomadas por el juez que asumió el caso.