La rehabilitación urbana se vuelve más accesible en los inmuebles de Málaga

La Opinión de Málaga celebró el pasado miércoles 5 de noviembre, bajo el formato de sus desayunos temáticos, una mesa de expertos que debatió bajo el título ‘Seguridad y accesibilidad: nuevos retos de la rehabilitación urbana’ algunos aspectos de la Ley 11/2023, que adapta la Directiva Europea de Accesibilidad que entró en vigor el pasado 28 de junio y regula las condiciones básicas de accesibilidad para personas con discapacidad y la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que facilita las obras de accesibilidad en edificios.

Acudieron a la reunión Ramón Sendra, director de Ventas y Marketing de Iberia, África y Oriente Medio de Otis, empresa líder mundial en fabricación, instalación y servicio de ascensores y escaleras mecánicas; Lourdes González Perea, responsable de Accesibilidad Tecnológica de la Fundación ONCE; Susana Gómez de Lara, decana del Colegio de Arquitectos de Málaga (COA); Susana Pastor, vicepresidenta segunda del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla; Carlos Ariza Rivas, director de la Oficina de Rehabilitación del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, y Mari Cruz Blanco Velasco, doctora en Arquitectura y experta en accesibilidad universal.

El debate se inició con el análisis de la influencia de la nueva Ley de Discapacidad y Accesibilidad en los proyectos de rehabilitación urbana y de vivienda y los puntos más importantes que se destacan en el nuevo texto legislativo.

Para Ramón Sendra, de Otis, en el último año han pasado cosas importantes y la nueva Ley regula un derecho, el de la accesibilidad universal, «que se sitúa desde su entrada en vigor al mismo nivel que los derechos fundamentales como puede ser el derecho al trabajo». En segundo lugar calificó como «muy importante» la adopción de medidas de mejora de la accesibilidad por mayoría simple en las comunidades de propietarios y cómo la nueva Ley habilita a todas las administraciones (estatal, autonómica y municipal) «a poder ayudar a los vecinos a través de subvenciones».

Para las comunidades de propietarios, la nueva Ley marca cambios que, según Susana Pastor, provocarán que dejaremos de actuar «porque nos lo imponen y esto supondrá una mejora de las relaciones vecinales». La simplificación de los trámites para poder acceder a la financiación y la mayor agilidad de las comunidades a la hora de tener esas ayudas son dos aspectos «muy relevantes de la Ley», afirmó Pastor.

Para Mari Cruz Blanco lo verdaderamente destacable es que un texto legal aborde realmente los deseos de las personas con discapacidad. «Hablar de deseo en este caso significa hablar de cómo la persona se va a integrar dentro de su barrio de toda la vida, sin prescindir de su vivienda de toda la vida a través de todas las reformas posibles de las comunidades», destacó la experta malagueña en accesibilidad universal.

Lourdes González, de Fundación ONCE, hizo referencia a la trascendencia de normas como la Accessibility Center, una iniciativa de la Comisión Europea que busca impulsar la accesibilidad en todos los países miembros de la Unión Europea, o la Ley Europea de Accesibilidad que, junto a nuestra Ley de Discapacidad y Accesibilidad, «regulan lo que tiene que ser accesible pero también incluyendo la accesibilidad de toda la periferia, de todo el entorno urbano que le rodea para que la persona con discapacidad pueda aproximarse al servicio y hacer uso del mismo», comentó.

Vocación de norma general

Susana Gómez de Lara destacó los términos «concienciación y sensibilización» como los rasgos más importantes de la nueva Ley porque el texto también piensa en «los nuevos modelos de familias, en las personas que viven solas, que no tienen por qué ser discapacitadas y pueden necesitar ayuda porque tengan movilidad reducida, en los ciegos, en los sordos, en la gente con problemas de salud mental, etc. Es una Ley que tiene vocación de ser norma general», destacó.

Carlos Ariza cerró la primera ronda de intervenciones y dijo de la Ley que es «proactiva e integradora» y destacó que con ella «se va a crear un fondo de promoción para la accesibilidad dotado con una importante financiación para abordar aspectos que no se habían tocado hasta ahora», destacó.

La siguiente cuestión a debate analizó cómo se integran los proyectos de rehabilitación sin comprometer aspectos tan importantes como la estética, la arquitectura y el valor patrimonial de los edificios.

«Ya tenemos la tecnología que nos permite modernizar ascensores por fases o instalarlos en espacios donde antes no era posible. Ahora lo que tenemos que conseguir es agilizar todo el proceso, por parte de todos los agentes implicados. Vivimos en sociedades cada vez más longevas y la accesibilidad es una necesidad urgente para muchos colectivos», destacó Ramón Sendra.

Según un estudio elaborado por Otis en colaboración con Ilunion, en Andalucía más o menos un 80% de las viviendas actuales no están preparadas o adaptadas para el futuro envejecimiento de sus ocupantes mientras que más del 40% de los bloques con tres pisos o más no tienen ascensor.

«Las rehabilitaciones en las comunidades de propietarios sin informes técnicos no pueden avanzar», señaló Susana Pastor, quien indicó también la mejora que ha supuesto la nueva ley ya que amplía el ámbito de actuación de las rehabilitaciones al entorno más cercano de las viviendas y a los edificios públicos.

Mari Cruz Blanco apuntó lo que para ella es un problema a solucionar: «Mientras que, legislativamente vamos muy avanzados, ejecutivamente estamos muy atrasados porque, aunque pueda parecer mentira, hay carencia de arquitectos de especialización en accesibilidad universal». Blanco apeló a nuevas disciplinas como la gerontoarquitectura y la neuroarquitectura que se preocupan de proveer de soluciones arquitectónicas a las personas de más edad, para mejorar la salud mental y la accesibilidad cognitiva, «porque todos esos cambios pueden hacer que mi vida, dentro de diez años, de veinte o la de mis padres si se vienen a vivir conmigo, sea totalmente amable», comentó.

Para Susana Gómez de Lara la planificación es muy importantecuando se rehabilita, pero más allá de eso está también «el tener en cuenta otro tipo de necesidades más allá de las físicas, de tipo casi más sensorial que son las que no hemos tenido en cuenta o las que la normativa hasta ahora no había recogido y ahora sí lo hace y encima pone el acento en ello».

Integración de medidas

La integración de las medidas de accesibilidad universal es un reto. Un reto porque hay un patrimonio existente y hay que integrar esas medidas de accesibilidad en ese patrimonio. Carlos Ariza cree «que obviamente la ley de patrimonio exige una diferenciación entre lo que es original y lo que es nuevo, pero estoy seguro que hay medidas y técnicas que permiten esa integración, incluso materiales que son muy respetuosos con eso, sobre todo en los edificios patrimoniales que tienen algún tipo de protección», señaló.

Lourdes González aseguró que esa integración viene dada por una triple vertiente además de tener el conocimiento técnico para poder llevar a cabo todas las acciones: la creación de estándares en materia de accesibilidad, donde España es uno de los países más desarrollados; la escucha activa y la flexibilidad con las necesidades reales de las personas y, en tercer lugar, la tecnología como aliada «porque creo que en un entorno construido, la tecnología puede ayudar a esa convivencia entre la accesibilidad física y la tecnológica y los ascensores son un buen ejemplo de esto», dijo.

El siguiente punto de debate versó sobre las dificultades y los recursos técnicos que se están dando en la adaptación a la nueva Ley. Ramón Sendra calificó a Andalucía como «referente» en rehabilitación por la gran cantidad de Oficinas específicas que los Ayuntamientos andaluces, entre los que se encuentra el Consistorio malagueño, han constituido y que centralizan los trabajos de tramitación.

Además destacó que una empresa como Otis trabaja también la llamada accesibilidad financiera al llegar a acuerdos con entidades bancarias para poder sufragar en primera instancia los costes derivadas de la rehabilitación. «Transformamos obras de importante cuantía económica en pequeñas cuotas a pagar mensualmente por los vecinos . Esta es nuestra forma de trabajar para que esa accesibilidad sea real y se pueda dar en la práctica», afirmó.

Asesoramiento

Susana Gómez de Lara apeló a la importancia de un buen asesoramiento en la rehabilitación y destacó la importancia del papel de los administradores de fincas como interlocutores, al igual que el Observatorio 2030 promovido por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos que ha editado en los últimos años guías de asesoramiento con la normativa actualizada para la rehabilitación para las comunidades de propietarios.

Carlos Ariza también significó el compromiso del Ayuntamiento de Málaga con la rehabilitación y citó la convocatoria específica para mejorar la accesibilidad e implantación de ascensores que llevan haciendo cada dos años desde 2015, y que ya ha ejecutado intervenciones en 230 edificios aproximadamente por un valor de 14 millones de euros en subvenciones y una inversión de en torno a 22 millones y en la que se ha llevado a cabo una profunda agilización de los trámites administrativos.

«La falta de información y de asesoramiento técnico, la financiación, los acuerdos dentro de la comunidad y los trámites administrativos son las principales barreras con las que nos encontramos los administradores de fincas hoy para poder ayudar mucho más a que la rehabilitación de los inmuebles sea una realidad», destacó Susana Pastor, quien destacó el acierto de la implantación de la mayoría simple en las comunidades que ha traído la nueva normativa.

Retos

Hablando de los retos a afrontar, en Otis entienden que la accesibilidad tiene que ser real. «Nosotros trabajamos con financiación y con soluciones que permitan a los usuarios ir poco a poco atacando las necesidades que tienen en sus edificios. Invertir en rehabilitación es rentable desde el punto de vista social y también desde lo económico», apuntó Ramón Sendra.

Para la decana del Colegio de Arquitectos de Málaga, la rehabilitación es mejorar la calidad de vida de un edificio, «ya no por la cuestión patrimonial, sino porque es el lugar donde desarrollamos nuestra vida y tiene que estar en buena forma», destacó.

Lourdes González señaló que el gran reto es «que todas las personas que están clausuradas en sus casas, que son muchas, puedan salir a la calle, además de garantizar la independencia de los demás vecinos». Por último, el reto para Mari Carmen Blanco es afrontar cómo desde la Ley se va a dar respuesta a un aspecto como es la salud mental a través de la mejora de la accesibilidad universal «ya que la ley habla de protegernos a nosotros mismos de ese individualismo al que obligatoriamente lleva a las personas con discapacidad y por defecto al resto de personas que viven solas».