Más de 700 jubilados del SAS denuncian en Málaga el deterioro de la sanidad pública: “Estamos preocupadísimos"

Conocen el sistema de salud mejor que nadie porque han dedicado su vida profesional a la atención sanitaria y ahora acuden como usuarios. Por ello, ante el “deterioro evidente y progresivo” que defienden que sufre la sanidad pública, los profesionales jubilados del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y de la Consejería de Salud han querido dar un paso al frente y elaborar un manifiesto de denuncia, que incluye también una serie de medidas de mejora. El documento ha sido ratificado por más de 700 personas.

El aumento de las listas de espera, la saturación de las Urgencias, los centros de salud infradotados —que ahora viven en primera persona—, la falta de personal, la situación de precariedad laboral de los sanitarios, a la que recientemente se ha sumado el escándalo de los cribados del cáncer, ha sido la gota que ha colmado el vaso y que les ha animado a redactar este manifiesto, que ha sido presentado públicamente este jueves en el Ateneo de Málaga, donde profesionales de diferentes categorías han abordado la situación actual de la sanidad pública. 

Posteriormente, dicho documento será entregado al delegado de Salud en Málaga, Carlos Bautista, y en el Registro General, según ha informado hoy Lola Fernández, enfermera jubilada, que ha sido una de las representantes elegidas para realizar la presentación. 

Preocupación entre los profesionales jubilados

“Estamos preocupadísimos por este tema porque es como un hijo nuestro, hemos crecido con la sanidad pública, la hemos peleado y defendido”, ha afirmado la antigua trabajadora del SAS, que ha recordado que cuando muchos de ellos empezaron a ejercer “todavía había beneficencia y no era ni pública ni universal”. 

Fernández ha explicado también que no son una organización ni asociación, sino un grupo de profesionales jubilados que solo quieren ayudar en lo que puedan. “Somos un grupo de personas que hemos trabajado en el sistema sanitario público de salud de Andalucía, que estamos muy preocupados por lo que le está pasando y que nos queremos unir para apoyar en lo que podamos a las luchas ciudadanas que están en la defensa de la sanidad pública. Esa es nuestra única vocación”.

De hecho, la idea de realizar un manifiesto surgió de manera informal en una comida entre antiguos trabajadores y nunca imaginaron que lograrían sumar a 748 personas, la mayoría de ellas médicos y enfermeros. Ahora, están tratando de ampliar la iniciativa al resto de provincias andaluzas, para que cada una elabore su propio manifiesto. 

Denuncias

“La salud no puede ser un negocio. La sanidad pública andaluza es un patrimonio común construido con el esfuerzo de generaciones. Hoy, más que nunca, debemos protegerla y fortalecerla”, reza el documento, en el que se dirigen a los compañeros en activo para que “no caigan en el desánimo y acepten el desafío”.

En él, denuncian la “externalización creciente” de servicios hacia la sanidad privada, la insuficiente financiación del sistema sanitario público andaluz, así como la falta de profesionales en atención primaria, hospitales y emergencias. 

“La situación de la sanidad pública en Andalucía es de deterioro, de dejadez planificada y, en cambio, las empresas privadas se están ampliando y floreciendo nuevos nichos de negocio”, ha señalado Pepe Campoy, que ha criticado que haya hospitales públicos, como el de Estepona, que cuatro años y medio después de su inauguración “todavía sigue funcionando a un 25%”.

En el texto también denuncian la sobrecarga asistencial a la que se enfrentan los profesionales y que “impide ofrecer una atención de calidad, humana, segura y eficaz”; la fuga de talento por la precariedad laboral y la “falta de diálogo real” con profesionales y ciudadanía.

Exigencias

Ante este panorama, exigen un “plan urgente” de contrataciones de personal en todos los niveles asistenciales; la mejora de las condiciones laborales de los profesionales; la reducción de las listas de espera dentro del sistema sanitario público; la defensa de la equidad territorial; una “gestión transparente y participativa” de los recursos y rendición de cuentas; una inversión suficiente en infraestructuras, equipamientos y tecnología sanitaria, y el fortalecimiento de la Atención Primaria como eje del sistema y su continuidad clínica.

“Pedimos, por favor, que se cuiden y se estabilicen las plazas de enfermeros y médicos de familia”, subraya Daniel Prado, médico de familia jubilado, que recuerda que los pilares de la Atención Primaria son: ser el primer contacto de la población, no tener demora, la integralidad —ser capaces de entender todas las enfermedades o problemas de salud que tienen las personas a lo largo de su vida— y la longitudinalidad, es decir, tener un mismo profesional sanitario a lo largo de todas sus vidas o buena parte de su vida. “Lo que reivindicamos en este manifiesto es que, de una vez por todas, volvamos a recuperar lo que fuimos”, concluye. 

Atención Primaria, listas de esperas y salud mental

Eudoxia Gay, psiquiatra jubilada, lamenta también la “involución” que perciben en el área de la salud mental. “Nosotros llegamos aquí cuando todo esto era manicomios, a finales de los 70 y primeros de los 80. Y lo que hicimos fue cambiar el modelo porque no había una atención en salud mental. Creamos una red de salud mental, con equipos multidisciplinares, y empezamos a incorporar psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, etc.”, relata la profesional. 

“Todos esos años que hemos trabajado en eso se han ido desmontando. Lo poco que se invierte o se crea se hace con una precariedad laboral infinita, con un desarraigo de los profesionales que van cambiando de un sitio a otro y, desde hace unos diez años, se empiezan a mandar a los pacientes a centros privados de internamiento”, añade. 

Por su parte, Pepe del Río, médico de admisión y documentación jubilado, recuerda que un paciente en Málaga espera de media 114 días para una consulta externa y 152 días para ser operado. “Hemos normalizado esto y esto es una auténtica vergüenza”, subraya el profesional, que insiste en que el ciudadano no puede tardar 12 días en ser visto por su médico de familia. 

Para los profesionales jubilados, todas estas situaciones, como recogen en el manifiesto, provocan que la ciudadanía “pierda la confianza en el sistema público y se incrementen los seguros privados”. En este sentido, recuerdan que la protección de la salud no es un privilegio, sino “un derecho del que debemos disfrutar toda la ciudadanía sin discriminación alguna” y que no puede ponerse “al servicio de empresas privadas”.